La nómina del IESS cuesta más de $665 millones al año

REALIDAD. Las atenciones médicas son el mayor gasto de la seguridad social

Más del 70% de los funcionarios son médicos, enfermeras, técnicos y otros especialistas vinculados a la atención de salud.

Ante la crisis continua que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), voces ciudadanas, políticas y sociales apuntan a que se debería hacer un ajuste integral en la burocracia de la entidad, como parte de las medidas para darle alivio financiero.

En este sentido, la pregunta de fondo es si el gasto en sueldos está inflado o no tiene relación con la realidad del país.

Con corte al 31 de enero de 2022, los salarios de los funcionarios del IESS cuestan alrededor de $55,44 millones al mes, es decir, $665,27 millones al año (incluyendo décimos, horas extra y otros ingresos complementarios).

 Actualmente, existen 35.477 personas en la nómina, la cual administra cinco fondos entre los que se incluyen uno de salud con un sistema de hospitales y centros de atención en todo el país.

Fondo de salud genera el mayor gasto

La mayoría del gasto en sueldos se va a financiar los servicios sanitarios. Así, el IESS desembolsa alrededor de $505,49 millones al año para pagar a médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas, paramédicos, y más personal de salud.

Ese personal consta actualmente de 25.058 funcionarios, los cuales en promedio ganan $1.527,22. Del total, 6.183 profesionales, es decir un poco más del 24%, son médicos y cirujanos especialistas.

Faltan especialistas para cubrir demanda

Uno de los problemas del IESS es que, ante la gran demanda por servicios de alrededor de 9,8 millones de personas al año, se necesitan más especialistas.

Andrés Jaramillo, médico internista y exfuncionario de la seguridad social, explicó que en el país, a través de malas decisiones políticas durante la década correísta, se cerraron la mayor parte de las opciones de especialización.

“Eso redujo drásticamente las posibilidades de tener más ecuatorianos preparados en campos por fuera de la medicina general y familiar. La consecuencia es que las citas médicas para un gran número de dolencias se acumulan sin atención rápida”, puntualizó.

En promedio, un médico o cirujano especialista en el IESS cobra un sueldo mensual de $2.249, sin incluir ingresos adicionales como décimos y horas extras.

Más atenciones con menos financiamiento

A pesar de representar la mayor parte del gasto en el IESS, el fondo de salud recibe apenas el 5% de los aportes mensuales de alrededor de 3,2 millones de afiliados. En esta área, ante la creciente demanda de atenciones médicas, las presiones para mayores gastos son inevitables.

En la década correísta se amplió el universo de atenciones a los hijos menores de 18 años de los afilados, y se profundizaron los problemas de financiamiento para proveer servicios de salud a jubilados y pacientes con enfermedades catastróficas.

En lugar de hacer una reforma integral, se optó por una fórmula en donde, por unos años, se aumentó, del 5,71% al 9,94%, el porcentaje que iba para financiar el seguro de salud. Ese aumento se logró quitándole recursos a otros fondos, principalmente de pensiones.

El resultado de la tristemente recordada resolución 501 fue desfinanciar el sistema de jubilaciones, y ni siquiera cubrir el creciente gasto por atenciones médicas.

Los puestos administrativos representan el 29%

Con esta realidad como punto de partida, el espacio de ajuste en salud es escaso, por lo que queda revisar lo que se va en sueldos de puestos administrativos.

Cada año, en esos puestos se va un gasto de $159,78 millones. En total, 10.419 personas están en funciones de dirección, coordinación, jefatura, auxiliares, gerentes, entre otros.

En el mejor de los casos, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se podría optimizar para ahorrar alrededor de $47,93 millones anuales. Ese monto no es nada despreciable, y podría ir para contratar más especialistas o más medicinas.

Sin embargo, eso no soluciona los problemas estructurales del IESS. Manuel González, economista, comentó que “el IESS no debe administrar hospitales y proveer servicios de salud”.

La reforma que se debería plantear en este caso sería que toda esa atención la asuma el Ministerio de Salud. Sin embargo, eso no está en los planes del Gobierno. (JS)

En 2020 el fondo de salud cerró con un déficit de $529,8 millones. Hasta 2028, ese déficit llegará a más de $1.680 millones.

Gobierno busca reducir $3.000 millones de gasto público con 9 acciones

HECHO. El ministro de Economía, Simón Cueva, tiene que manejar un presupuesto lleno de problemas.

Las autoridades aseguran que están comprometidas a bajar el gasto, pero el presupuesto estatal para 2022 aumentó un 4%. Los recortes grandes llegarían desde el próximo año.

Una de las principales críticas que recaen sobre el aumento en el impuesto a la renta de las personas naturales es que, como contraparte, no se ve un esfuerzo real del Gobierno por reducir “el obeso sector público y su burocracia ineficiente”.

Así, por ejemplo, María Luisa Carrera, abogada y docente, comentó que no tendría problema en pagar más al fisco si la gran parte de los recursos no se malgastaran o despilfarraran para mantener una estructura estatal que ni siquiera da buenos servicios.

Para 2022, el presupuesto presentado por la administración de Guillermo Lasso establece un aumento de casi el 4% en los gastos totales, en comparación con 2021. En concreto, se proyecta gastar $27.898 millones en todo el año, o alrededor de $77,49 millones diarios.

Altos pagos pendientes

El ministro de Economía, Simón Cueva, aseguró que ese mayor gasto se da por mayores transferencias sociales,  a Gobiernos locales, y pagos de intereses y amortizaciones de deuda.

Sin embargo, Verónica Rodríguez, economista, dice que no hay cambios sustanciales con respecto al manejo presupuestario del Gobierno anterior.

“Se ha repetido muchas palabras como eficiencia y prioridades, pero se sigue castigando la inversión pública (obras y mantenimiento); mientras los principales problemas no tienen estrategias de solución”, dijo.

El ajuste en serio comenzará en 2023

José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, aseguró que el ajuste en el gasto público si es una prioridad, pero no se podía hacer de buenas a primeras sin antes entender la funcionalidad de cada sector.

Desde 2023, y una vez que se espera que se consolide la recuperación de la crisis pandémica, el Gobierno prevé encaminar todos sus esfuerzos para reducir los egresos estatales en alrededor de $3.000 millones, o 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

En primer lugar, Castillo puntualizó que se avanzará gradualmente en la focalización del subsidio a los combustibles. Esto quiere decir que el congelamiento de precios, decretado a finales de 2021, solo se mantendrá hasta tener una solución definitiva para compensar a los sectores más pobres y la transportación.

“La discusión de si es bueno o malo el subsidio tiene que superarse porque claramente la estructura que se mantiene es ineficiente y contraproducente con políticas relacionadas con el ambiente. Asimismo, es tremendamente inequitativa”, dijo

El horizonte a mediano plazo es de precios e importación de combustibles totalmente liberados.

Reducción de personal

En segundo lugar, también se trabajará en reducir la masa salarial “de manera gradual y coordinada”. El enfoque será eliminar duplicidades en funciones e instituciones, además de nuevas contrataciones con menores sueldos.

En tercer y cuarto lugar, de 2021 a 2022 se están realizando auditorías financieras a toda la banca pública, empresas estatales y Gobiernos locales. Con eso se espera corregir el malgasto y despilfarro.

Dentro de la banca pública, también se hacen auditorías para concretar la fusión entre la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banecuador.

Combatir la ineficiencia en las compras públicas

Cuatro de las acciones para reducir el gasto improductivo están relacionadas con reformas y mejoras en el sistema de compras públicas. En ese sistema, a través de procesos fraudulentos, se pierden al menos $1.500 millones cada año.

Uno de los principales problemas es que detrás de modalidades como la llamada subasta inversa se encubren prácticas como que un mismo proveedor pueda participar a través de ocho empresas.

Para enfrentar esto, Castillo recalcó que se está trabajando con el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) para mejorar el registro de información de beneficiarios finales. El objetivo es alertar tempranamente riesgos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

Compras irregulares en pandemia

Por otro lado, se ha decidido auditar los 100 contratos más grandes, como respuesta a los exámenes de Contraloría sobre irregularidades dentro de los procesos por la emergencia de la COVID-19.

Como un primer resultado de esos esfuerzos, el 13 de enero de 2022, Sercop entregó 14 denuncias en Fiscalía sobre seis delitos encontrados en compras públicas: falsificación de documentos, tráfico de influencias, ataque a la integridad de sistemas informáticos, cohecho, estafa y peculado.

LA HORA pidió mayores detalles sobre esas denuncias y reformas que se buscan implementar para reducir las pérdidas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta desde Sercop.

Mejorar la contratación pública

El viceministro Castillo puntualizó que la contratación pública necesita mejores sistemas tecnológicos, y aspectos aparentemente tan simples como la interconexión con otras bases y sistemas dentro del mismo Estado.

Además, también se deben hacer cambios para reducir el creciente número de procesos que se declaran desiertos; o que se realizan con un solo oferente (40% del total), a pesar de que se catalogan como supuestamente competitivos. (JS)

Nuevos impuestos y contribuciones no solucionan el problema fiscal

De acuerdo con José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, la reforma tributaria no soluciona los problemas del Estado.

“Es una reforma moderada, pero que contribuye estructuralmente a modificar los déficits fiscales que se han mantenido por años”, dijo.

Es decir, el hueco entre ingresos y gastos no se va a cubrir con lo que se recaude con el aumento en el impuesto a la renta y la creación de las contribuciones temporales sobre el patrimonio.

En 2022, por impuesto a la renta de las personas naturales se tendrán ingresos por $72 millones; mientras las contribuciones darán alrededor de $728 millones. Sin embargo, el déficit fiscal proyectado será de casi $3.000 millones.

En 2023, la recaudación adicional será de $1.129 millones (renta y contribuciones); y a partir de 2024, ya sin el impuesto temporal sobre el patrimonio, el fisco recibirá $662 millones todos los años.

Riesgo país argentino ‘salta’ por líos con el FMI

El gobierno del presidente Alberto Fernández se niega a ejecutar cualquier medida que implique ajustes como reducción de gasto fiscal.

El indicador económico llegó a los 1.821 puntos luego de conocerse desacuerdos en las negociaciones que el gobierno lleva adelante con el organismo internacional.

Redacción BUENOS AIRES

El riesgo país de Argentina saltó ayer por encima de los 1.800 puntos básicos tras la presentación que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, donde afirmó que el principal punto clave donde no hay acuerdo en las renegociaciones de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el sendero fiscal.

El índice de riesgo país de Argentina ascendió un 3,8% hasta los 1.821 puntos básicos (16.18 GMT) y luego cedió a los 1.796 puntos básicos (17.10 GMT).

Y ayer, el Gobierno reconoció que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han tensado en la definición de los números fiscales que pide el organismo multilateral e insistió que «no está dispuesto a dar un paso atrás» en la postura de realizar un ajuste fiscal, pero aclaró que no entrará en «default».

«Lo que hay que definir es si vamos a llevar adelante las políticas que quiere llevar adelante el Gobierno de fortalecer el crecimiento económico» o «lo que pide el FMI, que es una política de ajuste que el Gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante», explicó lla portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. (EFE)