En algunos gobiernos latinoamericanos, los ejecutivos utilizan el nombre de una tercera persona para abrir cuentas en bancos extranjeros, que gozan de excepcionales beneficios secretos, que permiten no dar información al público sobre los nombres de titulares de cuentas millonarias.
Usan artificios legales, que van desde utilizar nombre de familiares o amigos, luego esa cuenta termina siendo un simple numero sin nombre de titular alguno; todo este entramado jurídico, lo hacen con la finalidad de que sus nombres no puedan ser rastreados en el sistema informático financiero mundial.
Sin embargo, existen los llamados hackers, o piratas informáticos que han logrado ingresar a estas cuentas secretas en bancos de Panamá, islas Caiman, o bancos del Principado de Mónaco entre otros, descubriendo que el actual presidente y el anterior en el caso de Ecuador, mantienen cuentas secretas a nombre de sus hijos, hecho que no ha podido ser desmentido. Es relevante el hecho noticioso que ha sacudido la política nacional, por cuanto en los tiempos de campaña el ahora presidente, declaró que no tenía cuentas secretas en bancos extranjeros; el tema en si, es que el esconder dinero en el exterior, tiene como propósito en primer lugar no pagar impuestos en el caso de dineros bien habidos , pero hay otros, como los que manejaron el país por catorce años, que no tienen de donde justificar centenares de millones de dólares que mantienen en bancos del extranjero, sin que puedan justificar su origen.
Nos parece un cinismo de parte de aquellas personas cuestionadas, que vengan a decir que ese dinero es de sus hijos o sus hermanos; de hecho se ha configurado el delito tipo de testaferrismo, establecido en nuestro Código Integral Penal, por lo que siendo pública la noticia criminis, ya la fiscal debe iniciar las indagaciones del caso, para investigar los origenes de estos centenares de millones de dólares, como lo ha denunciado los periodistas llamados Pandora Papers.
Evidentemente, no existe independencia de la Función Judicial, en razón de la falta de acción de la Fiscal para investigar el testaferrismo y evitar la impunidad; el país merece una explicación de parte de la fiscal, por su omisión en la investigación de estos delitos denunciados en España, para que recupere su credibilidad.