Organizaciones afroecuatorianas enfrentan al INEC en tribunales por un censo que redujo drásticamente su población. Alegan discriminación y buscan anular resultados que impactan en presupuestos y políticas públicas para su comunidad.
El pueblo afroecuatoriano ha iniciado una batalla legal contra el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador (INEC) por los resultados del censo de 2022, que según alegan, ha subrepresentado significativamente a su comunidad. Esta acción legal, presentada en diciembre de 2024, busca impugnar lo que las organizaciones afroecuatorianas consideran un «etnocidio estadístico».
La controversia del censo 2022
Según los datos publicados por el INEC, la población afroecuatoriana experimentó una disminución de 227.091 personas entre 2010 y 2022. El porcentaje de afroecuatorianos en la población total cayó del 7,2% al 4,8%, situándose por debajo de otros grupos étnicos como los mestizos (77,5%), indígenas (7,7%) y montubios (7,7%). Estas cifras han generado una fuerte oposición por parte de las organizaciones afroecuatorianas, que aseguran que su representación real en la sociedad ecuatoriana es mucho mayor.
La abogada Diana León, representante de los demandantes, argumentó durante la audiencia que el INEC ha violado los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano al implementar prácticas discriminatorias y racistas en el proceso censal. Por su parte, los representantes del INEC defendieron su posición, alegando que el instituto sigue la ley de censo de 1976, que aún está vigente, y negaron haber violado algún derecho constitucional.
Impacto en las políticas públicas y presupuestos
La importancia de esta disputa radica en que las cifras del INEC son utilizadas para la asignación de presupuestos públicos. Inma Bautista, presidenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (Conamune), expresó su preocupación: «Me redujeron el presupuesto a un proyecto poniendo de excusa que ahora nuestro pueblo es menor. Nuestro derecho a ser censado fue vulnerado».
Esta situación pone de manifiesto cómo los resultados del censo pueden tener consecuencias directas en la implementación de políticas públicas y en la distribución de recursos para la comunidad afroecuatoriana. La reducción aparente de la población afrodescendiente podría resultar en una disminución de los fondos destinados a programas y proyectos específicos para este grupo.
Cuestionamientos al método de censo
Sonia Viveros, directora de la Fundación Azúcar, señaló deficiencias en la metodología del censo. Según Viveros, el INEC no llegó a censar determinados barrios sin acceso a luz o internet, lo que podría haber contribuido a la subrepresentación de la comunidad afroecuatoriana. Además, criticó la falta de participación activa del pueblo afroecuatoriano en las charlas técnicas del INEC durante la planificación del censo.
Las organizaciones involucradas en esta acción legal incluyen la Unión del Pueblo Afroecuatoriano (UPA), la Comarca Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), la Fundación Azúcar, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (Conamune) y la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA), con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
El objetivo principal de este recurso legal es que no se tomen en cuenta los resultados del censo elaborado por el INEC. Las organizaciones afroecuatorianas sostienen que la comunidad ha sido subrepresentada, con un estimado de solo 814.000 personas de un total de más de 17 millones de habitantes a nivel nacional.
Este caso pone de relieve la importancia de los censos como herramientas para la visibilización y el reconocimiento de las minorías étnicas. También subraya la necesidad de metodologías inclusivas y participativas en la recolección de datos demográficos, especialmente en comunidades históricamente marginadas.
La resolución de esta disputa legal podría sentar un precedente importante para futuros censos en Ecuador y potencialmente en otros países de la región. Además, podría llevar a una revisión de las políticas de recolección de datos y a una mayor participación de las comunidades afrodescendientes en los procesos estadísticos nacionales.(DLH)