Policía es llamado a juicio por la desaparición de 70 kilos de cocaína

Policia llamado a juicio
IMPLICADO. Un policía en servicio activo que presuntamente desapareció 70 kilogramos de droga que iban a ser incinerados fue llamado a juicio. (foto referencial)

El policía sería el responsable de la falta de setenta kilogramos de cocaína de un lote que iba a ser incinerado.

En Esmeraldas, este viernes 5 de noviembre, tras los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), un policía en servicio activo fue llamado a juicio por su presunta participación en el delito de alteración de evidencias y elementos de prueba.

Los hechos se produjeron en 2017 y fueron investigados por la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la FGE.

En aquel año, un juez competente ordenó la quema de aproximadamente 600 kilogramos de alcaloide que estaban a cargo del procesado, Fausto B., responsable de la bodega de Antinarcóticos de Esmeraldas, donde se determinó un faltante de 70 kilogramos.

No obstante, el policía procesado regresó a la bodega e indicó, luego de una búsqueda, que había encontrado el faltante; sin embargo, el peso nuevamente no coincidió. Además, los logos que tenían los paquetes con los que intentó completar la evidencia correspondían a otra incautación.

Llamado

Ante esto, el fiscal a cargo del caso, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, presentó cerca de cuarenta elementos de convicción, entre estos: los informes de reconocimiento de lugar de los hechos, de la pericia química de la droga, de la pericia de comparación forense entre la droga que debía ser destruida y con la que se pretendió completar el faltante.

También, versiones de agentes de Policía que participaron en el procedimiento, versión del Fiscal a cargo de operativo en el que se incautaron los cerca de 600 kilogramos que debían ser incinerados y la versión del juez que ordenó la diligencia.

Tras haber analizado estos elementos, el magistrado a cargo de la causa dictó auto de llamamiento de juicio para Fausto B., quien actualmente se encuentra cumpliendo las medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país.

El ART. 292 del COIP sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años al funcionario público que destruya o altere medios de prueba para la investigación de una infracción.