Econ. Jaime Carrera
Las cuentas del presupuesto entre enero-agosto de 2024 reflejan cuantiosos ingresos adicionales, permanentes y no permanentes, los que han permitido reducir el déficit. Sin embargo, a pesar de los mismos, la inversión pública continúa paralizada. Sobrevivir de este modo, augura un 2025 con severos desajustes fiscales.
Hasta agosto los ingresos totales, a nivel de caja no los reportados por el SRI, fueron de $15.337 millones (cuadro 1). En los mismos se incluyen $3.895 millones de ingresos adicionales, permanentes y no permanentes (cuadro 3). Entre los cuales, no existe información oficial sobre el rendimiento de la reducción de los subsidios a los combustibles y el aumento del IVA al 15 por ciento.
Como se observa en el cuadro 3, aquellos provienen de las utilidades del Banco Central, transferencias y excedentes de empresas públicas, autorretenciones del impuesto a la renta, impuesto a las utilidades de las empresas y banca y cooperativas, aumento del IVA al 15 %, remisión tributaria, y reducción del subsidio a las gasolinas. Además del valor citado, se debe considerar el ingreso estacional por las declaraciones de impuesto a la renta en el mes de abril. Parte de los ingresos adicionales compensan la pérdida de $265 millones por el impuesto al patrimonio de las empresas que feneció en 2023. El aumento del ISD al 5 % no se refleja, por el contrario, se aprecia una reducción.
Los ingresos por impuesto a la renta a las cuentas del Tesoro, no los declarados por el SRI, hasta agosto fueron de $3.939 millones. Si de este valor se deducen $1.098 millones de las autorretenciones y $556 millones de ingresos por la remisión tributaria, tendríamos un valor de ingresos por impuesto a la renta de $2.285 millones, que al compararlo con los $3.302 millones de enero-agosto de 2023 (año en el que no había los ingresos citados), se refleja una reducción en tal impuesto de $1.017 millones o 30,7 % (cuadro 4).
Como la información fiscal no es clara y transparente, se puede asumir que la caída de ingresos en el impuesto a la renta obedece, en parte, a la reforma tributaria que dejó sin efecto gran parte de las deducciones de tal impuesto por gastos de educación, salud y otras. También al anticipo del impuesto a la renta en diciembre de 2023 para el pago de sueldos. Además, la recaudación estacional de abril fue menor.
Inversión pública inexistente
Como se observa en el cuadro 1, a pesar de los ingresos adicionales citados, solo se cubrieron los gastos devengados en sueldos, gastos operativos mínimos, transferencias a las seguridades sociales, bonos de los pobres, intereses de la deuda pública, y transferencias a los GADs. La inversión pública fue casi inexistente. Como no existe información actualizada de la deuda y hay incoherencias entre los ámbitos de presupuesto, tesorería y deuda pública, solo es posible efectuar análisis con la información existente. Entre enero-agosto de 2024 las cuentas por pagar del presupuesto fueron de $1.325 millones (cuadro 1). Hasta junio se cancelaron cuentas por pagar de años anteriores por un valor de $2.103 millones, se desconocen los pagos efectuados hasta agosto. Las cuentas por pagar de años anteriores por $2.554 millones con saldo a junio de 2024, agregadas a las de enero-agosto por $1.325 millones, elevan a $3.879 millones las cuentas por pagar totales del presupuesto. No obstante los notables ingresos adicionales, los ingresos totales solo cubrieron los gastos obligatorios mínimos. Como resultado, se muestra un déficit de $494 millones. El mismo se transforma en un déficit de $1.592 millones (cuadro 1), al deducir del impuesto a la renta los $1.098 millones de autorretenciones que deben registrarse como fuente de financiamiento.
El gobierno y el FMI, registran como ingresos las autorretenciones de impuesto a la renta que son anticipos del impuesto que deben cancelarse en abril de 2025. En 2025 este ingreso no existirá y ampliará en déficit público en alrededor de $1.000 millones.
Oscuridad en la deuda
Como se infiere del cuadro 2, las necesidades de financiamiento se cubrieron con emisión de deuda interna, cuyas cifras no son claras, difieren notablemente entre los boletines de deuda pública y lo publicado en la página web del Ministerio de Finanzas. Hasta el mes de junio el IESS compró bonos del Estado por $1.410 millones. En forma neta (desembolsos menos pago de amortizaciones), hasta junio la deuda con el IESS aumentó en $828 millones . También tales necesidades fueron cubiertas por la acumulación de atrasos por $1.325 millones en el presupuesto del presente año, principalmente en las transferencias al IESS, GADs y proveedores (cuadro 1).
También fluyeron préstamos de organismos multilaterales y gobiernos por $2.582 millones.
Los créditos externos, la emisión de deuda interna y el uso de los saldos de caja, facilitaron el citado pago de cuentas pendientes de años anteriores, el pago de las amortizaciones internas y externas del presente año, la reducción de $436 millones a junio de los pasivos derivados de los convenios de liquidez, cuyo saldo a tal mes fue de $3.220 millones. El stock de CETES a junio se redujo en $341 millones y su saldo a tal mes fue de $2.067 millones. También se cancelaron $830 millones de otros pasivos referentes a laudos y otros rubros que el Ministerio de Finanzas no ha informado como es su obligación. Será importante el seguimiento de la evolución fiscal hasta fin de año, frente al déficit de $4.223 millones para el Presupuesto General del Estado más la cuenta CFDD que corresponde a la importación de derivados, establecido en el Acuerdo con el FMI. La cobertura de las necesidades de financiamiento y el nivel de atrasos hasta fin de año presentan las interrogantes de siempre.
La cuentas a agosto desnudan la insostenibilidad de las cuentas públicas. El aumento del IVA, la reducción del subsidio a los combustibles, las autorretenciones del impuesto a la renta, y otros ingresos temporales, solo sirven para cubrir un inflexible gasto corriente, el cual está subregistrado por cuanto gran parte de las transferencias a los GADs constituyen gastos corrientes, hecho corregido en las cifras del acuerdo con el FMI.
La inversión es casi nula
Hasta agosto, la asignación en bienes de larga duración en el presupuesto de las FF AA fue de $152 millones, de los cuales el gasto devengado fue de solo $29 millones y el valor pagado de un millón.
En el Ministerio del interior, la asignación en bienes de larga duración fue de $46 millones y el gasto devengado de solo $9 millones. En el presupuesto del Ministerio de Educación, la asignación en bienes de larga duración fue de $1.253 millones y el gasto devengado de solo un millón. En el Ministerio de Salud, la asignación en bienes de larga duración fue de $1.474 millones y el gasto devengado de solo $5 millones. No obstante, las cuentas públicas son deficitarias. Hasta fin de año, el financiamiento del déficit en crecimiento por el aumento del gasto, y el pago de amortizaciones y otros pasivos, dependerá casi exclusivamente, de los desembolsos del BID, Banco Mundial, CAF, FLAR y otros organismos. Si estos son insuficientes, las cuentas por pagar crecerán.
Hasta agosto se sobrevivió son abundantes ingresos adicionales y préstamos externos, a pesar de lo cual las limitaciones fiscales son severas. Imagine estimado lector el año 2025, en el cual no existirán más de $2.000 millones se ingresos por la remisión tributaria, impuestos a las empresas, banca y cooperativas, autorretención impuesto a la renta de 2025 y otros rubros. Además, en las recientes reformas a la ley de IESS se obliga a incluir en el presupuesto parte de las deudas con tal organismo y el valor real requerido por este para el pago del 40 % de pensiones, por tanto, el gasto en el presupuesto aumentará en otros, por lo menos, $1.000 millones. También los préstamos de los organismos multilaterales serán menores.
Econ. Jaime Carrera