Alan Cathey nos presenta un análisis de lo que vive actualmente latinoamérica .Analiza el informe de Transparencia Internacional en el que con crudeza se describe la situación que vive la región
Corroborando que la realidad actualmente vivida en Latinoamérica, respecto del creciente poder de las organizaciones criminales en las sociedades nacionales no es una percepción o la imaginación de un conglomerado, sino la constatación diaria de cómo las instituciones y los instrumentos creados con el propósito de aplicar la justicia para garantizar la paz social, y, en general, todas las estructuras del Estado, se están convirtiendo en apéndices de las mafias de todo tipo que han cooptado al poder público para su beneficio, apareció el informe de Transparencia Internacional, una de las más prestigiosas ONG’s del mundo en el ámbito de democracia y derechos humanos, que en su reporte mundial de 2022, establece toda la crudeza de la corrupción que vive la región, que ha ido para peor durante este año.
ESTANCAMIENTO
Desde 2017, ningún país latinoamericano registró una mejora significativa en su calificación, lo que da la medida, o de un muy escaso interés de la institucionalidad estatal, o de su impotencia para intentar cambiar la situación. Posiblemente, se trata de una combinación de las dos, lo que configuraría el peor de los mundos.
La desmesurada violencia, que convierte a la región, por sus índices de asesinatos, en la más violenta del mundo, pone en evidencia a unos Estados que han renunciado a cumplir con la condición esencial, prácticamente la única establecida inequívocamente en lo que se llama “contrato social”, para la que se lo ha creado, esto es, la protección de la vida y los derechos ciudadanos, garantizando la seguridad interna y externa del país, y un sistema creíble y ágil, que garantice justicia eficaz y rápida para la sociedad.
PREOCUPANTE RETRASO
Leer el informe revela cuán detrás nos hemos quedado en éstos esenciales aspectos. Dos terceras partes de la región está por debajo del 50% de la puntuación, con un promedio de 43, y con tres por debajo del 20%, el caso de Nicaragua, Haití y Venezuela, en orden descendente, con 19, 17 y 14 puntos respectivamente. Nicaragua y Haití registran un constante retroceso desde 2017, por lo que Transparencia califica a sus instituciones como infiltradas ya por redes criminales.
¿PUNTO DE NO RETORNO?
Se hace evidente que esta situación, en la que la toma de control de las estructuras de la justicia, de la policía y hasta de las fuerzas armadas, que se proclamaban la “reserva moral” de la nación, ha llevado las cosas a un punto de no retorno, pues la colusión de esos actores institucionales
con el crimen organizado y sus burro pies y testaferros, así como la participación activa de una proporción importante de los actores políticos, en la destrucción del sistema democrático, para eliminar, hasta de nombre, los controles y la limitación al poder omnímodo.
Está abierta la puerta para las autocracias, vestidas con las engañosas galas del populismo, dentro de la inveterada tradición del caudillo, devenido en Capo de mafias, o en su defecto, en atento y seguro servidor de éstas.
VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN
Transparencia vincula la corrupción reinante, con la violencia creciente, ante la certeza de la impunidad para los delincuentes, para quienes la ley nada significa. Resulta frustrante, además, que la situación descrita también se extienda, en mucho menor grado, es cierto, a buena parte del mundo, que, si bien no ha visto agravarse la situación, tampoco ha podido o querido mejorarla.
NO HAY TARA GENÉTICA
Transparencia registra un estancamiento general, desde principios de siglo, con escasas y puntuales mejoras. A la cabeza siguen los países nórdicos, Nueva Zelanda y Singapur, y notablemente, en el puesto 14, Uruguay, demostrando que, si es posible ser honestos y respetuosos de las leyes y los derechos humanos, y que no se trata de ninguna tara genética que de alguna manera afecte a la región.
TERRIBLES COSTOS
El costo de la corrupción es espantoso, y se lo está pagando en Latinoamérica, no sólo en vidas de los asesinados por las guerras entre pandillas, con cadáveres colgados de los puentes, desfigurados y torturados, que son quienes aparecen en una crónica roja, cada vez más truculenta y explícita, sino también los millones de niños desnutridos por la inacción de pseudo gobiernos incompetentes, porque sus intereses dejaron hace rato de ser los del país y la sociedad, e indiferentes, cuando no activamente contrarios, a la creación de riqueza por el trabajo y no por el descarado asalto a las arcas públicas, y también los millones de migrantes forzosos que se juegan la vida en mares y selvas buscando una esperanza de mejor vida, lejos de sus conocidos infiernos.
MÁS POBRES, MÁS FIELES
Está claro que el objetivo populista se centra en mantener a la mayor cantidad posible de personas en la miseria, pues esto transforma a ciudadanos en clientes, o mejor aún, en mendigos, o sea, el escenario perfecto para los mesías y los redentores, de cualquier pelaje que sean. Difícilmente alguien pudo ser más explícito sobre este propósito, con la inteligencia que lo caracteriza, que Nicolás Maduro, al declarar, en 2014, que “mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución”. Este principio rector, parecería ser un tema de fondo, aplicable a variados campos, como nos revela la conclusión que el presidente López Obrador alcanza en un arrebato de inspiración filosófico forense, al atribuir a la riqueza los secuestros extorsivos en México, y que, como a los pobres no los secuestran, sino al que tiene, el secuestro se evita con una sociedad pobre.
Seguramente será por eso que, su hijo mayor, ante el riesgo de secuestro se mandó a cambiar a una casita en Houston, en pleno imperio capitalista, de un millón de dólares, o que la hija de Hugo Chávez sea una entusiasta adherente y colaboradora de esta política, empobreciendo ella solita, en 4 mil millones de dólares, a Venezuela, con lo que el índice de fidelidad habrá subido de manera exponencial.
RECETA PARA EL FASCISMO
También es el mejor escenario para lograr la peor de las transacciones, cuando hallamos a las sociedades, no tan sólo aceptando, sino clamando, por limitaciones a sus libertades y derechos, a cambio de una ilusoria seguridad. Esta transacción es la antesala del fascismo, del estado policiaco, del regreso de los “hombres fuertes” que se hallan dispuestos a establecer el orden, a sus particulares maneras.
Los cementerios suelen ser bastante ordenados, y la protesta de los muertos tarda en ser escuchada.
Los fascismos criollos, caribeños, sudamericanos o centroamericanos gozan de un bien ganado prestigio y al parecer están de nuevo en marcha, alineados con los últimos modelos europeos, particularmente rusos, que aportan los estándares más actualizados de represión y ejercicio autoritario. Con buen criterio, Rusia ha escogido a 3 países, pobres y disfuncionales, para su penetración regional, pues buena parte del trabajo de desinstitucionalización ya está cumplido. Los pasos siguientes serán más fáciles, más aún, con diligentes porteros, como el presidente argentino dispuesto a abrirle las puertas de la región.
CONFIANZA INSTITUCIONAL
El sistema democrático, basado en las ideas originadas en la Ilustración, la participación ciudadana en las decisiones en especial, a través del voto general e igualitario, funciona en la medida en que exista confianza en las instituciones que se crean para mantener el modelo, empezando por un sistema legal que imparta justicia imparcialmente a todos. En la arquitectura de la división de poderes, tanto la función legislativa como la ejecutiva están un tanto lejanas de la ciudadanía, mientras la judicial puede afectar directa y decisivamente al ciudadano, en su libertad personal o en sus bienes y propiedades. Cuando se pierde la confianza en los jueces y operadores del sistema judicial por corrupción manifiesta, la consecuencia puede llevar a que, quienes son perjudicados, resuelvan tomarse la justicia por mano propia, lo que lleva a la anarquía y a la violencia.
LEGITIMIDAD
De manera similar, cuando se generan dudas sobre la justicia electoral, la legitimidad de quienes son proclamados ganadores de los procesos electorales se pone en duda, con lo que la gobernabilidad se dificulta, al generar dudas sobre los procesos.
La transparencia en el proceso electoral es la base del concepto democrático, pero no está limitada al conteo de votos. Se inicia desde la calificación de los candidatos y pasa por la garantía de igualdad de acceso a los medios y de la neutralidad estatal, cuyos recursos no pueden, directa o indirectamente, favorecer a ninguna candidatura, o perjudicar a otra.
Tal vez parezca elemental hacer mención de unos conceptos tan básicos, pero tenemos a la vista como pseudo democracias falsean el proceso electoral con triquiñuelas y argucias impresentables, desde reformas legales de última hora, para facultar la inscripción de candidatos vedados, sea por disposiciones constitucionales que impiden una reelección por ejemplo, a otras, legales, que eliminan a candidatos por delitos imaginarios, como los “atentados contra la seguridad nacional”, tan usados por las autocracias para descalificar a la oposición, encarcelándola o forzándola al exilio. Los ejemplos de Venezuela y de Nicaragua son ilustrativos de estos métodos, sistemáticamente aplicados para asegurarse unas “victorias” que nadie cree, pero sirven para mantener una fachada electoral. Es bastante común que, en las autocracias de todo el mundo, las “elecciones” reflejen unas mayorías abrumadoras, cuando no unánimes.
¿REOS AL PODER?
También se da, desde una legalidad bastante cuestionable, el permiso para la participación de personajes condenados por delitos comúnes, como el desfalco de fondos públicos, o de notorios delincuentes y pandilleros, en los procesos electorales. Si alguien, dentro del debido proceso, ha sido condenado por un delito, es un delincuente y no puede ser candidato a ningún cargo.
Tiene el derecho de apelar su sentencia, pero mientras no se termine su proceso de apelación, es un reo de la justicia, y le corresponde a él probar su inocencia en otra instancia. Aceptar a reos condenados como candidatos, a cuenta de estar apelando su sentencia, es abrir las puertas a toda suerte de “vivezas criollas”, pues mientras dura el proceso electoral, el delincuente así declarado por los tribunales, gozará de inmunidad legal, lo que puede dar lugar a la dilatación de los procesos, mucho más en el caso de ganar la elección. Esta práctica es una tomadura de pelo a los ciudadanos, que ven el uso mañoso de las leyes para favorecer a personajes legal y moralmente descalificados.
NUEVAS INDULGENCIAS
La relativización del delito, las “indulgencias” vendidas, como las de la Iglesia en la Edad Media, son actos de corrupción que minan al estado democrático, al punto que asistimos en la región al retorno de los populismos que tanto daño han causado; desde el año 2000 hasta hoy, tanto desde la derecha, como en el caso de Fujimori y sus familiares, o el de Jaír Bolsonaro, a los SSXXI, de Chávez, Morales, Correa o la pareja Kirchner. Desde ambas vertientes, los resultados demuestran como las pseudo democracias son cleptocracias, en toda la extensión de la palabra, cuya más evidente característica ha sido su total desvergüenza para el saqueo, los negociados y los chanchullos.
ESPÍRITU DE CUERPO
El clamoroso caso del expresidente y candidato a dictador, Pedro Castillo en el Perú, retrata el “espíritu de cuerpo” de sus correligionarios, indulgentes con un golpista propio, a la vez que duros críticos de los del otro lado, como Bolsonaro.
LA EMPRESA ELECTORAL
El escaso interés en la formación ideológica de los partidos políticos, llamados a ser los actores principales de la gestión del poder en el Estado, ha determinado que éstos se transformen en meras empresas electorales, que, ante una percepción de la política como negocio, se multiplicaron, fragmentando el espectro hasta el ridículo.
UNA REFORMA
Me atrevería a proponer una reforma electoral que, democráticamente, reconozca al voto nulo la misma validez que al voto por un candidato o lista. Si ninguno de los varios candidatos obtiene más votos que los nulos, es clara muestra del rechazo ciudadano a la oferta presentada, con lo que la elección debería repetirse, excluyendo de ésta a todos los postulantes, para que la ciudadanía pueda tener otras opciones más aceptables. Si los postulantes no obtienen al menos el 10% de los sufragios, cualquier valor recibido para su promoción electoral, deberá ser restituido al Estado. Tengan ustedes la certeza que, con estas dos medidas, los postulantes tendrían que consolidar tendencias y terminar con la dispersión, un gran negocio para ellos, pero uno pésimo para la ciudadanía.
La única vía para mantener una democracia robusta es la consolidación de tendencias programáticas serias. Lo que está sucediendo es dejar la cancha abierta para que el objetivo de los grupos criminales, el Estado fallido, más pronto que tarde, sea una realidad.
Dr. Alan Cathey