Una de las presentaciones exitosas han sido los indicadores económicos que se han logrado en los últimos años, inclusive se ha insistido que para lograrlos se ha relegado los programas sociales que la población esperaba. Sin embargo, la volatilidad del entorno internacional, la inestabilidad de los precios del crudo y el inicio de una nueva crisis bancaria internacional que puede ser similar a la que sufrieran en el 2008.
CORDES, Corporación de Estudios Sociales presidida por el Ex Presidente Oswaldo Hurtado, prende a tiempo las alarmas y señala que pocos meses atrás, cuando la Asamblea estaba discutiendo la Proforma del Presupuesto General del Estado enviada por el Ejecutivo, algunos asambleístas criticaron el precio de exportación de petróleo ($64,8 por barril) que formaba parte de los supuestos macroeconómicos, pues lo consideraban demasiado bajo. Incluso denunciaron que de ese modo el Gobierno buscaba perjudicar a los GAD, por una menor transferencia de recursos, desconociendo que esas transferencias se hacen con base en los ingresos (petroleros y tributarios) que realmente ingresan a la caja fiscal y no en función de lo presupuestado.
Si bien en su momento presentamos algunas críticas a la Proforma, nuestra opinión en lo referente al precio del petróleo fue que era adecuado considerar un valor conservador, tomando en cuenta la histórica volatilidad, por factores económicos, geopolíticos e incluso naturales, que caracteriza a esa variable.
PRIMERAS ALARMAS
Hace una semana la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés) publicó su más reciente informe sobre las perspectivas de corto plazo para el mercado energético. En ese informe la EIA proyecta que a lo largo de 2023 el petróleo WTI (el crudo de referencia para determinar el precio del petróleo ecuatoriano) tendrá un precio promedio de $77,1 por barril (19% menos que en 2022).
Considerando el “castigo” promedio que se ha aplicado en los últimos años al precio del crudo ecuatoriano respecto al del WTI, porque el primero tiene una menor calidad, eso significa un precio promedio alrededor de $71 por barril para el petróleo nacional. Es decir, apenas por encima del valor contemplado en la Proforma. Hoy, mientras se escribe esta columna institucional, el WTI se cotiza en $66 por barril (casi 14% de caída respecto al cierre del viernes), lo que para el crudo ecuatoriano significa un precio apenas por encima de los $60, es decir, menor al de la Proforma. Más allá de dejar en evidencia la irresponsabilidad y el populismo fiscal que lamentablemente caracterizan a muchos legisladores, la nueva caída en el precio del petróleo –esta vez relacionada con el nerviosismo financiero generado, en primera instancia por la quiebra de Silicon Valley Bank y algunos bancos regionales en EE.UU., y hoy profundizado por la crisis de Credit Suisse– implica un panorama complejo para las cuentas fiscales del Ecuador.
NUESTRA REALIDAD
En 2022, según el Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos del PGE por exportación de crudo sumaron $5.675 millones, es decir, 42% más que en 2021. Ese aumento se debió al alza en el precio promedio de exportación del petróleo ecuatoriano, que pasó de $62 por barril en 2021 a $85,8 en 2022.Por el contrario, el volumen exportado de petróleo cayó de 117,4 a 116,9 millones de barriles.
Si el precio del petróleo en 2023 es el que pronostica la EIA o, peor aún, si como consecuencia del nerviosismo financiero se mantiene incluso por debajo de ese nivel, para que los ingresos fiscales por exportación de crudo no sufran una caída importante respecto a 2022, el menor precio debería compensarse con un mayor volumen de producción y exportación. No obstante, eso no es lo que se está viendo.
En enero, según las últimas cifras del Banco Central, Ecuador produjo 489.000 barriles diarios, nivel similar a la producción promedio a lo largo de 2022 (481.000 barriles diarios, incluyendo los bajos niveles de enero por la rotura de los oleoductos y de junio por el paro) y muy por debajo de la producción promedio de 515.000 barriles diarios contemplada en la Pro- forma.
A eso se suma una recaudación tributaria que, si bien sigue creciendo (principalmente por el aumento en la recaudación de Impuesto a la Renta) ha perdido dinamismo frente al año pasado y probablemente no alcance los niveles previstos en la Proforma, especialmente en lo referente a IVA e ISD.
Así, el resultado fiscal, que en 2022 mostró una mejora significativa (pese a lo cual el PGE siguió registrando un déficit), puede deteriorarse en este año, en el que además hay presiones adicionales por el lado del gasto (por ejemplo, por el alza en el sueldo de los docentes públicos) y limitadas fuentes de financiamiento a nivel externo (ya no está vigente un acuerdo con el FMI y la opción de colocar bonos en los mercados internacionales está cerrada por el elevado riesgo país). Es importante que esta realidad se conozca, especialmente por parte de aquellos líderes políticos y formadores de opinión que aseguran que el Gobierno tiene espacio para impulsar la economía a través de un aumento en el gasto o que piden un recorte de impuestos, concluye en su opinión CORDES.