La educación vial a la comunidad es uno de los temas de fondo no resuelto por el Municipio y la contratista.
Formalmente todo empezó el 8 de mayo de 2019. Ese día, el Municipio de Esmeraldas firmó un contrato público con Consorcio Vial Esmeraldas (Covies) para que éste haga “la implementación, montaje y mantenimiento (correctivo y preventivo) de equipos tecnológicos fijos, servicios conexos e implementación de una plataforma informática para recaudación, administración y control de las infracciones de tránsito detectables en el cantón Esmeraldas”, reza en el contrato.
Entre mayo de 2019 y mayo de 2020, la empresa colocó siete fotorradares y cuatro fotomultas. Lo que no instaló fueron las pantallas LED que advierten al chofer sobre la velocidad que le impida la sanción en caso de superar los 50 km/h. Entre el 13 de mayo y el 24 de julio que estuvieron encendidos se reportaron hasta 120 multas por día, según los registros de la Dirección de Tránsito Municipal. Tampoco se colocaron semáforos.
Esos incumplimientos provocaron una acción de protección interpuesta por parte de los choferes, quienes ganaron ante el Juez de primer nivel que dispuso apagar los dispositivos, devolver el dinero pagado por las multas y hacer las adecuaciones necesarias. Ahora están las pantallas, semáforos en unos tramos, pero ninguno en los barrios del sur donde está la mayoría de dispositivos.
Enfrentamientos políticos
El Cabildo apeló la sentencia ante la Corte y ésta, el fin de semana a través de los jueces provinciales: Pilar Montaño Mina, Carlos Aguirre Tobar y Fernando Otoya Delgado que conforman el Tribunal, resolvieron por unanimidad revocar “en todas sus partes el fallo emitido en primer nivel”, es decir los dispositivos vuelven a funcionar, lo resuelve el Tribunal de última instancia.
120dólares es la multa por superar los rangos de velocidad junto a los fotorradares en Esmeraldas.Los magistrados dejan claro, aunque no está en su fallo por no ser un tema judicial, sino administrativo, es que sí existe un incumplimiento del contrato, en sus obligaciones y demás hechos contractuales. De lo que se habló poco es de la carencia de educación vial de parte del Municipio y Covies hacia la comunidad.
En tema de los fotorradares estuvieron en pugna dos instituciones públicas (Municipio y Prefectura), una empresa privada (Covies) y los choferes. En sus protestas públicas, los de Prefectura aliados con los choferes acusaban que la intención del Cabildo era recaudatoria y no salvar vidas, ya que supuestamente no tenía el estudio de siniestralidad.
Los municipales decían lo contrario, y más bien criticaban que el Gobierno Provincial opine en temas de Tránsito. Lo que no pudo evadir el Municipio es que no cumplieron con la empresa privada en colocar todas las señaléticas y proceso de educación vial, pese a que en el contrato se contempla orientar a la comunidad. (MGQ)