Las delegaciones de la Defensoría gestionarán ante ministerios que ex y actuales trabajadores de Furukawua sean atendidos.
Hasta las gobernaciones de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos, llegaron al mediodía de ayer, delegados de la Defensoría del Pueblo a entregar un informe detallado sobre la vulneración de los derechos humanos que han sufrido exobreros de la compañía Furukawua que tiene campamentos en las tres provincias.
En Esmeraldas la entrega la hizo el delegado provincial del Defensor del Pueblo Álex Estupiñán al jefe político del cantón, Marcel Orellana, quien estuvo en representación del Gobernador de la provincia Pablo Hadathy Rodas. Asimismo, el Defensor del Pueblo Nacional, Freddy Carrión, también haría llegar el documento de manera simultánea a la Presidencia de la República.
En la recopilación de información que hizo la Defensoría del Pueblo, se detalla que en las tres provincias son alrededor de 1.200 personas y unas 400 familias que han sido víctimas de vulneración de sus derechos, viviendo una esclavitud laboral por más de 50 años.
Esclavitud
En octubre de 2018 la Defensoría del Pueblo conoció la existencia de posibles hechos de explotación laboral en las haciendas abacaleras de Furukawua e iniciaron una investigación donde se determinó que sí existe esclavitud moderna.
En febrero de 2019 este organismo defensorial emitió un primer informe de verificación de derechos humanos y en junio de 2020 un segundo análisis de seguimiento para constatar si se estaba cumpliendo las recomendaciones realizadas.
Bajo la consigna de ‘Furukawua nunca más’ la Defensoría del Pueblo exhortó a los ministerios de Gobierno, de Agricultura y Ganadería, de Trabajo, de Inclusión Económica Social, Salud Pública y de Educación, así como a las direcciones de Registro Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que en el ámbito de sus responsabilidades legales y constitucionales lograr la erradicación de la violación de los derechos fundamentales de las empresas Furukawua. (MBC)
Necesidad
Muchas de las familias que trabajan en la extracción de la fibra de abacá son afrodescendientes, no tienen contratos de trabajo ni seguridad social, subsisten en condiciones precarias, sin agua potable, luz eléctrica y sin saneamiento ambiental.
Según la Defensoría del Pueblo, el Estado ecuatoriano no ha reconocido la responsabilidad por la violación de derechos humanos ocasionados por la omisión del control adecuado y diligente de las actividades de la empresa de origen japonesa.