Intendencia: Aumentan los traficantes de tierra

AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.
AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.
AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.
AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.
AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.
AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.
AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.
AFECTACIÓN. Una de las consecuencias del tráfico de tierra es que las familias afectadas pierden dinero, tiempo y su integridad se ve afectada con el desalojo.

Tras el último desalojo realizado el miércoles pasado por la Intendencia de Policía de Esmeraldas, en cumplimiento de una disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, niños, madres, padres y adultos mayores quedaron expuestos al frío de la calle.

Los uniformados cumplieron con la orden de desalojar a los supuestos invasores de un predio ubicado en Pueblo Nuevo, cantón Muisne, procedimiento que incluyó la quema de casas hechas con caña guadúa.

Tras dejar a las familias en la intemperie, Diario La Hora buscó ayer una versión del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para ver si activarán alguna acción social para el grupo, pero estamos a la espera de respuesta.

Siete años de cárcel

El intendente, Mario Guevara Farías, lamentó la condición de los desalojados, pero critica duramente la acción de los traficantes de tierra, que, según su criterio están en aumento en la provincia. Afirma que entre los expedientes de desalojo que está en análisis llegan a 100 pendientes, los que se suman a las cerca de 10 ya realizados en diversos cantones.

La autoridad aclaró que la competencia de la Intendencia no es detener a los presuntos traficantes, que de eso se encarga la Policía previa autorización del Fiscal, quien se debe amparar en el artículo 201 del Código Orgánica Integral Penal (COIP).

Ese articulado se penaliza de 3 a 7 años de cárcel a quienes “para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos”. Entre el grupo de los 100 posibles desalojos están sectores como Latintru, Pianguapí entre otras del cantón Esmeraldas.

“Los traficantes se aprovechan de la ingenuidad y la necesidad de la gente por tener una casa. Pero hay que recordar que constitucionalmente existe la garantía del derecho a la propiedad privada, y eso es lo que hacemos respetar”, explica el Funcionario.

¿Cómo evitarlo?

La entidad que otorga los permisos para construcción de viviendas y uso de suelo es el Municipio, por lo es el primer requisito que el postulante por un terreno debe exigir. En la Intendencia de Policía se tiene identificados a ciertos traficantes de tierra, los cuales disponen el ingreso de maquinaria a terrenos supuestamente ‘abandonados’, incurriendo en otro delito que es la destrucción de la naturaleza, luego vender los terrenos supuestamente legalizados por ellos con derechos posesorios

PARA SABER

El artículo 558, numeral 11 del COIP, dispone al Intendente informar al Fiscal para que inicie la investigación correspondiente.

“Es lamentable, pero muchos esmeraldeños se acostumbraron a vivir en invasiones, eso la ley no lo permite”.

Mario Guevara Farías,

Intendente general de Policía de Esmeraldas.

Tras el último desalojo realizado el miércoles pasado por la Intendencia de Policía de Esmeraldas, en cumplimiento de una disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, niños, madres, padres y adultos mayores quedaron expuestos al frío de la calle.

Los uniformados cumplieron con la orden de desalojar a los supuestos invasores de un predio ubicado en Pueblo Nuevo, cantón Muisne, procedimiento que incluyó la quema de casas hechas con caña guadúa.

Tras dejar a las familias en la intemperie, Diario La Hora buscó ayer una versión del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para ver si activarán alguna acción social para el grupo, pero estamos a la espera de respuesta.

Siete años de cárcel

El intendente, Mario Guevara Farías, lamentó la condición de los desalojados, pero critica duramente la acción de los traficantes de tierra, que, según su criterio están en aumento en la provincia. Afirma que entre los expedientes de desalojo que está en análisis llegan a 100 pendientes, los que se suman a las cerca de 10 ya realizados en diversos cantones.

La autoridad aclaró que la competencia de la Intendencia no es detener a los presuntos traficantes, que de eso se encarga la Policía previa autorización del Fiscal, quien se debe amparar en el artículo 201 del Código Orgánica Integral Penal (COIP).

Ese articulado se penaliza de 3 a 7 años de cárcel a quienes “para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos”. Entre el grupo de los 100 posibles desalojos están sectores como Latintru, Pianguapí entre otras del cantón Esmeraldas.

“Los traficantes se aprovechan de la ingenuidad y la necesidad de la gente por tener una casa. Pero hay que recordar que constitucionalmente existe la garantía del derecho a la propiedad privada, y eso es lo que hacemos respetar”, explica el Funcionario.

¿Cómo evitarlo?

La entidad que otorga los permisos para construcción de viviendas y uso de suelo es el Municipio, por lo es el primer requisito que el postulante por un terreno debe exigir. En la Intendencia de Policía se tiene identificados a ciertos traficantes de tierra, los cuales disponen el ingreso de maquinaria a terrenos supuestamente ‘abandonados’, incurriendo en otro delito que es la destrucción de la naturaleza, luego vender los terrenos supuestamente legalizados por ellos con derechos posesorios

PARA SABER

El artículo 558, numeral 11 del COIP, dispone al Intendente informar al Fiscal para que inicie la investigación correspondiente.

“Es lamentable, pero muchos esmeraldeños se acostumbraron a vivir en invasiones, eso la ley no lo permite”.

Mario Guevara Farías,

Intendente general de Policía de Esmeraldas.

Tras el último desalojo realizado el miércoles pasado por la Intendencia de Policía de Esmeraldas, en cumplimiento de una disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, niños, madres, padres y adultos mayores quedaron expuestos al frío de la calle.

Los uniformados cumplieron con la orden de desalojar a los supuestos invasores de un predio ubicado en Pueblo Nuevo, cantón Muisne, procedimiento que incluyó la quema de casas hechas con caña guadúa.

Tras dejar a las familias en la intemperie, Diario La Hora buscó ayer una versión del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para ver si activarán alguna acción social para el grupo, pero estamos a la espera de respuesta.

Siete años de cárcel

El intendente, Mario Guevara Farías, lamentó la condición de los desalojados, pero critica duramente la acción de los traficantes de tierra, que, según su criterio están en aumento en la provincia. Afirma que entre los expedientes de desalojo que está en análisis llegan a 100 pendientes, los que se suman a las cerca de 10 ya realizados en diversos cantones.

La autoridad aclaró que la competencia de la Intendencia no es detener a los presuntos traficantes, que de eso se encarga la Policía previa autorización del Fiscal, quien se debe amparar en el artículo 201 del Código Orgánica Integral Penal (COIP).

Ese articulado se penaliza de 3 a 7 años de cárcel a quienes “para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos”. Entre el grupo de los 100 posibles desalojos están sectores como Latintru, Pianguapí entre otras del cantón Esmeraldas.

“Los traficantes se aprovechan de la ingenuidad y la necesidad de la gente por tener una casa. Pero hay que recordar que constitucionalmente existe la garantía del derecho a la propiedad privada, y eso es lo que hacemos respetar”, explica el Funcionario.

¿Cómo evitarlo?

La entidad que otorga los permisos para construcción de viviendas y uso de suelo es el Municipio, por lo es el primer requisito que el postulante por un terreno debe exigir. En la Intendencia de Policía se tiene identificados a ciertos traficantes de tierra, los cuales disponen el ingreso de maquinaria a terrenos supuestamente ‘abandonados’, incurriendo en otro delito que es la destrucción de la naturaleza, luego vender los terrenos supuestamente legalizados por ellos con derechos posesorios

PARA SABER

El artículo 558, numeral 11 del COIP, dispone al Intendente informar al Fiscal para que inicie la investigación correspondiente.

“Es lamentable, pero muchos esmeraldeños se acostumbraron a vivir en invasiones, eso la ley no lo permite”.

Mario Guevara Farías,

Intendente general de Policía de Esmeraldas.

Tras el último desalojo realizado el miércoles pasado por la Intendencia de Policía de Esmeraldas, en cumplimiento de una disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, niños, madres, padres y adultos mayores quedaron expuestos al frío de la calle.

Los uniformados cumplieron con la orden de desalojar a los supuestos invasores de un predio ubicado en Pueblo Nuevo, cantón Muisne, procedimiento que incluyó la quema de casas hechas con caña guadúa.

Tras dejar a las familias en la intemperie, Diario La Hora buscó ayer una versión del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para ver si activarán alguna acción social para el grupo, pero estamos a la espera de respuesta.

Siete años de cárcel

El intendente, Mario Guevara Farías, lamentó la condición de los desalojados, pero critica duramente la acción de los traficantes de tierra, que, según su criterio están en aumento en la provincia. Afirma que entre los expedientes de desalojo que está en análisis llegan a 100 pendientes, los que se suman a las cerca de 10 ya realizados en diversos cantones.

La autoridad aclaró que la competencia de la Intendencia no es detener a los presuntos traficantes, que de eso se encarga la Policía previa autorización del Fiscal, quien se debe amparar en el artículo 201 del Código Orgánica Integral Penal (COIP).

Ese articulado se penaliza de 3 a 7 años de cárcel a quienes “para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos”. Entre el grupo de los 100 posibles desalojos están sectores como Latintru, Pianguapí entre otras del cantón Esmeraldas.

“Los traficantes se aprovechan de la ingenuidad y la necesidad de la gente por tener una casa. Pero hay que recordar que constitucionalmente existe la garantía del derecho a la propiedad privada, y eso es lo que hacemos respetar”, explica el Funcionario.

¿Cómo evitarlo?

La entidad que otorga los permisos para construcción de viviendas y uso de suelo es el Municipio, por lo es el primer requisito que el postulante por un terreno debe exigir. En la Intendencia de Policía se tiene identificados a ciertos traficantes de tierra, los cuales disponen el ingreso de maquinaria a terrenos supuestamente ‘abandonados’, incurriendo en otro delito que es la destrucción de la naturaleza, luego vender los terrenos supuestamente legalizados por ellos con derechos posesorios

PARA SABER

El artículo 558, numeral 11 del COIP, dispone al Intendente informar al Fiscal para que inicie la investigación correspondiente.

“Es lamentable, pero muchos esmeraldeños se acostumbraron a vivir en invasiones, eso la ley no lo permite”.

Mario Guevara Farías,

Intendente general de Policía de Esmeraldas.