EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Un proyecto de Ley que el Ejecutivo ha hecho llegar a la Asamblea Nacional con el deseo de devolverle la autonomía al Banco Central del Ecuador, de la cual gozó hasta finales del siglo pasado, cuando se produjo el más grande perjuicio económico al pueblo en toda la historia del país, tiene seriamente preocupado al Parlamento y a un sector mayoritario de la nación.
La ciudadanía recuerda que el Banco Central del Ecuador era dirigido por una élite que gozaba de privilegios exagerados y sus sueldos y prebendas superaban a las de los demás servidores públicos, incluyendo clubes sociales, campos deportivos y espacios vacacionales de lujo, a los cuales solamente podían acceder ellos y sus familiares.
Al operarse la dolarización se entregó a empleados y trabajadores elevadas sumas por indemnización y vivienda propia para cada uno de los enrolados, beneficios que no gozaban hasta entonces sus similares estatales o privados. Ahora, con el pretexto de manejar mejor las finanzas de la nación se pretende contar con una organización que cuente con amplia autonomía y que ningún organismo central, ni siquiera el Presidente de la República, interfiera en sus secretas acciones.
Una organización del Estado que no dirija su ruta por el camino de servicio a la totalidad de habitantes de la nación no tiene razón de existir, por mucho que nos doren las propuestas de desarrollo con argumentos ocultos y castillos de vida eterna, como la que nos vendieron cuando crearon la Agencia de Garantía de Depósitos, que dejó más de medio Ecuador en la más lamentable pobreza, aunque ahora nos repitan que ese comportamiento fue bueno y deberíamos subir al altar del Vaticano a sus propulsores.
Los organismos del Estado tienen que crearse y manejarse con seriedad para beneficio de todo el pueblo. Los secretismos y ofrecimientos de felicidad para cuando nos ganemos la lotería no son aceptables en este momento de la historia, cuando todo debe manejarse al descubierto, con la tecnología que poseemos.
Las soluciones que los pueblos exigen al momento, arrancan de propuestas orientadas a distribuir la riqueza de manera más equitativa, para que todos los seres humanos gocen de una educación de calidad, vivienda confortable, salud de alto nivel, sana recreación, eliminación del consumo de drogas prohibidas y convivencia pacífica.
Basta de engaños y de retorno a la caverna, la sociedad universal tiene derecho a un nivel de vida mejor y seguro que lo obtendrá más temprano que tarde. No olvidar que “la justicia tarda, pero llega”.
EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Un proyecto de Ley que el Ejecutivo ha hecho llegar a la Asamblea Nacional con el deseo de devolverle la autonomía al Banco Central del Ecuador, de la cual gozó hasta finales del siglo pasado, cuando se produjo el más grande perjuicio económico al pueblo en toda la historia del país, tiene seriamente preocupado al Parlamento y a un sector mayoritario de la nación.
La ciudadanía recuerda que el Banco Central del Ecuador era dirigido por una élite que gozaba de privilegios exagerados y sus sueldos y prebendas superaban a las de los demás servidores públicos, incluyendo clubes sociales, campos deportivos y espacios vacacionales de lujo, a los cuales solamente podían acceder ellos y sus familiares.
Al operarse la dolarización se entregó a empleados y trabajadores elevadas sumas por indemnización y vivienda propia para cada uno de los enrolados, beneficios que no gozaban hasta entonces sus similares estatales o privados. Ahora, con el pretexto de manejar mejor las finanzas de la nación se pretende contar con una organización que cuente con amplia autonomía y que ningún organismo central, ni siquiera el Presidente de la República, interfiera en sus secretas acciones.
Una organización del Estado que no dirija su ruta por el camino de servicio a la totalidad de habitantes de la nación no tiene razón de existir, por mucho que nos doren las propuestas de desarrollo con argumentos ocultos y castillos de vida eterna, como la que nos vendieron cuando crearon la Agencia de Garantía de Depósitos, que dejó más de medio Ecuador en la más lamentable pobreza, aunque ahora nos repitan que ese comportamiento fue bueno y deberíamos subir al altar del Vaticano a sus propulsores.
Los organismos del Estado tienen que crearse y manejarse con seriedad para beneficio de todo el pueblo. Los secretismos y ofrecimientos de felicidad para cuando nos ganemos la lotería no son aceptables en este momento de la historia, cuando todo debe manejarse al descubierto, con la tecnología que poseemos.
Las soluciones que los pueblos exigen al momento, arrancan de propuestas orientadas a distribuir la riqueza de manera más equitativa, para que todos los seres humanos gocen de una educación de calidad, vivienda confortable, salud de alto nivel, sana recreación, eliminación del consumo de drogas prohibidas y convivencia pacífica.
Basta de engaños y de retorno a la caverna, la sociedad universal tiene derecho a un nivel de vida mejor y seguro que lo obtendrá más temprano que tarde. No olvidar que “la justicia tarda, pero llega”.
EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Un proyecto de Ley que el Ejecutivo ha hecho llegar a la Asamblea Nacional con el deseo de devolverle la autonomía al Banco Central del Ecuador, de la cual gozó hasta finales del siglo pasado, cuando se produjo el más grande perjuicio económico al pueblo en toda la historia del país, tiene seriamente preocupado al Parlamento y a un sector mayoritario de la nación.
La ciudadanía recuerda que el Banco Central del Ecuador era dirigido por una élite que gozaba de privilegios exagerados y sus sueldos y prebendas superaban a las de los demás servidores públicos, incluyendo clubes sociales, campos deportivos y espacios vacacionales de lujo, a los cuales solamente podían acceder ellos y sus familiares.
Al operarse la dolarización se entregó a empleados y trabajadores elevadas sumas por indemnización y vivienda propia para cada uno de los enrolados, beneficios que no gozaban hasta entonces sus similares estatales o privados. Ahora, con el pretexto de manejar mejor las finanzas de la nación se pretende contar con una organización que cuente con amplia autonomía y que ningún organismo central, ni siquiera el Presidente de la República, interfiera en sus secretas acciones.
Una organización del Estado que no dirija su ruta por el camino de servicio a la totalidad de habitantes de la nación no tiene razón de existir, por mucho que nos doren las propuestas de desarrollo con argumentos ocultos y castillos de vida eterna, como la que nos vendieron cuando crearon la Agencia de Garantía de Depósitos, que dejó más de medio Ecuador en la más lamentable pobreza, aunque ahora nos repitan que ese comportamiento fue bueno y deberíamos subir al altar del Vaticano a sus propulsores.
Los organismos del Estado tienen que crearse y manejarse con seriedad para beneficio de todo el pueblo. Los secretismos y ofrecimientos de felicidad para cuando nos ganemos la lotería no son aceptables en este momento de la historia, cuando todo debe manejarse al descubierto, con la tecnología que poseemos.
Las soluciones que los pueblos exigen al momento, arrancan de propuestas orientadas a distribuir la riqueza de manera más equitativa, para que todos los seres humanos gocen de una educación de calidad, vivienda confortable, salud de alto nivel, sana recreación, eliminación del consumo de drogas prohibidas y convivencia pacífica.
Basta de engaños y de retorno a la caverna, la sociedad universal tiene derecho a un nivel de vida mejor y seguro que lo obtendrá más temprano que tarde. No olvidar que “la justicia tarda, pero llega”.
EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Un proyecto de Ley que el Ejecutivo ha hecho llegar a la Asamblea Nacional con el deseo de devolverle la autonomía al Banco Central del Ecuador, de la cual gozó hasta finales del siglo pasado, cuando se produjo el más grande perjuicio económico al pueblo en toda la historia del país, tiene seriamente preocupado al Parlamento y a un sector mayoritario de la nación.
La ciudadanía recuerda que el Banco Central del Ecuador era dirigido por una élite que gozaba de privilegios exagerados y sus sueldos y prebendas superaban a las de los demás servidores públicos, incluyendo clubes sociales, campos deportivos y espacios vacacionales de lujo, a los cuales solamente podían acceder ellos y sus familiares.
Al operarse la dolarización se entregó a empleados y trabajadores elevadas sumas por indemnización y vivienda propia para cada uno de los enrolados, beneficios que no gozaban hasta entonces sus similares estatales o privados. Ahora, con el pretexto de manejar mejor las finanzas de la nación se pretende contar con una organización que cuente con amplia autonomía y que ningún organismo central, ni siquiera el Presidente de la República, interfiera en sus secretas acciones.
Una organización del Estado que no dirija su ruta por el camino de servicio a la totalidad de habitantes de la nación no tiene razón de existir, por mucho que nos doren las propuestas de desarrollo con argumentos ocultos y castillos de vida eterna, como la que nos vendieron cuando crearon la Agencia de Garantía de Depósitos, que dejó más de medio Ecuador en la más lamentable pobreza, aunque ahora nos repitan que ese comportamiento fue bueno y deberíamos subir al altar del Vaticano a sus propulsores.
Los organismos del Estado tienen que crearse y manejarse con seriedad para beneficio de todo el pueblo. Los secretismos y ofrecimientos de felicidad para cuando nos ganemos la lotería no son aceptables en este momento de la historia, cuando todo debe manejarse al descubierto, con la tecnología que poseemos.
Las soluciones que los pueblos exigen al momento, arrancan de propuestas orientadas a distribuir la riqueza de manera más equitativa, para que todos los seres humanos gocen de una educación de calidad, vivienda confortable, salud de alto nivel, sana recreación, eliminación del consumo de drogas prohibidas y convivencia pacífica.
Basta de engaños y de retorno a la caverna, la sociedad universal tiene derecho a un nivel de vida mejor y seguro que lo obtendrá más temprano que tarde. No olvidar que “la justicia tarda, pero llega”.