EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Ha empezado la carrera por regalar los bienes del pueblo a los avivatos del país y a las transnacionales que se han acostumbrado a ganar dinero sin riesgo alguno y más si son llamados a adueñarse de las propiedades sudadas por nuestros antepasados, que no pueden oponerse ahora a las ‘habilidades’ de ‘asesores’ avispados que recomiendan a sus panas poner en vigencia la feria del derroche de lo ajeno.
El miércoles 14 del presente, la prefecta Roberta Zambrano Ortiz, convocó al pueblo esmeraldeño a una reunión, a la que por calamidad doméstica no pude asistir, por lo cual expreso mis disculpas, para tratar el deseo de concesionar el puerto de Las Palmas y la refinería de petróleo de Esmeraldas, asunto que unió a la mayoría de los alcaldes de la provincia y algunos patriotas que se oponen al proceder por varias razones.
La primera es que el puerto no es propiedad del Estado -ni mucho menos del gobierno ecuatoriano- porque ese bien lo pagó nuestro pueblo entre 1979 y 1997, previo convenio firmado entre Autoridad Portuaria, representada por Nelson Ortiz Stefanuto, presidente de APE y el Triunvirato Militar que gobernaba el país entre 1975 y 1997, integrado por Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco. Tal acuerdo obligaba a Esmeraldas cubrir el costo total de la obra, incluidos intereses que sumaron más de 2 mil millones de sucres, algo superior a los 100 millones de dólares que se abonaron sin chistar, suma que impidió que esta región del norte del Ecuador recibiera en el lapso señalado beneficio material alguno.
Cuando al término de la cancelación de la deuda, asomaron los aprovechadores para apoyar la concesión del puerto a precio de gallina apestada, los periodistas encabezamos una cruzada, de la que nuestros lectores se enteraron y participaron en alta medida, para impedir la ofensa a los herederos de la cultura Chibcha-Tolita, aunque en 2004 fuéramos vencidos en el Tribunal Constitucional, que rechazó la decisión de la Corte de Justicia de Esmeraldas, que señalaba como ilegal la concesión y la empresa Nuevo Milenio, un camuflaje de una constructora de carreteras, se alzó con el regalo hasta el 2010, cuando la Contraloría y Comisión Anticorrupción nos dieron la razón. Así volvió el puerto a su dueño. Con la refinería no ha ocurrido así, pero ¿por qué concesionarla? No lo entendemos, pero sí sabemos que eso es perjudicial para nuestra colectividad.