Mayra, Susana, Jofre, Jenny, Óscar, Melba y sus compañeros de trabajo de tantos años no logran entender por qué si el país entero y las autoridades del Gobierno han visto las condiciones en las que viven en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. y la explotación a la que han sido sometidos por tres generaciones, nada ha cambiado todavía. La empresa sigue en ventaja y ellos no ven cerca el final del conflicto.
Una de las haciendas donde ellos crecieron y trabajaron se llama Isabel y está en la línea del kilómetro 42 de la vía Santo Domingo – Quevedo. La propiedad tiene tres campamentos: los dos primeros están a menos de media hora caminando y, el último, a más de 10 minutos en moto. En infraestructuras de paredes ennegrecidas, sin luz, sin agua, sin alimentos, sin baño, ni nada que se parezca a una casa, viven más de 30 familias que decidieron no moverse hasta que la compañía les pague sus liquidaciones y reconozca con tierras los años que extrajeron la fibra del abacá sin un contrato y en condiciones deplorables, de esclavitud moderna.
Ayer, ellos recibieron una noticia: una parte de los trabajadores, que denunciaron la situación públicamente en febrero de este año, firmaron un acta de mediación con la empresa para usar esas tierras en comodato por tres años y medio. Lo hicieron el jueves 15 de agosto, con el gerente general de Furukawa, Iván Sergarra Segovia, y el representante de la Asociación Agrícola Abacalera Esperanza de un Nuevo Amanecer, Walter Dionisio Sánchez Ramos.
En el documento, suscrito en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, participó como veedora Karina Guevara, funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Santo Domingo de los Tsáchilas, y los miembros de la asociación -“presentes y futuros”- aceptaron venderle toda su producción a la empresa, abandonar inmediatamente los campamentos, ser responsables de sus propias afiliaciones laborales y renunciar a acciones en contra de Furukawa por las relaciones que “en el pasado hayan existido entre ellas”.
EL DATO
Cedhu está a cargo de la representación de más de 80 trabajadores que aún siguen peleando por sus derechos.Los términos y la manera en la que se ha realizado este convenio alertaron al equipo de abogadas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), que representa a otro grupo de trabajadores que intenta iniciar acciones judiciales en contra de la compañía porque considera que las negociaciones de estos cinco meses han sido una burla. Patricia Carrión, parte de la defensa, mencionó que el mayor temor es que haya enfrentamientos entre los trabajadores que viven aún en la línea 42 y que las condiciones de esta firma sean un nuevo mecanismo de sometimiento porque obligan a los asociados a venderle la fibra solo a la empresa, algo que justamente se criticó cuando la denuncia salió a la luz.
Carrión explicó que ya han solicitado a la Fiscalía que se pidan medidas cautelares a un juez para que las familias que han sido amenazadas con desalojos estén protegidas. Aún se espera una respuesta.
Además de la veedora de la representante provincial de la Defensoría, ninguna otra institución estatal que fue exhortada para actuar en el caso avaló el acuerdo de la Asociación Esperanza de un Nuevo Amanecer, y, según una funcionaria de una cartera de Estado, esta se consideraría una negociación “entre privados”.
Proceso largo
Por casi un año y medio, más de 100 familias han contado su historia repetitivamente: empleados sin contratos, esclavos modernos; niños sin identidad obligados a laborar; hombres y mujeres que se accidentaron con las máquinas del procesamiento del abacá y se quedaron sin manos, sin pies, sin dedos; ancianos que murieron en condiciones deplorables, sin estudios ni acceso a servicios básicos; jóvenes asesinados a machetazos y abandonados en la carretera por reclamar sus derechos.
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trabajadores están en la Asociación Esperanza de un Nuevo Amanecer. El primer informe de verificación de la Defensoría del Pueblo, publicado en febrero anterior, señaló que el caso estaba en conocimiento de la Subsecretaría de Gobernabilidad, de la Secretaría de Gestión de la Política, desde mayo de 2018 y que a partir de entonces empezaron las investigaciones. Precisamente, esa fue la instancia a la que se le encargó que coordinara las acciones que debían realizar diferentes instituciones para afrontar la situación en la que vivían los trabajadores.
Freddy Carrión, defensor del Pueblo, ha mencionado desde hace dos semanas que está por presentar el informe final de la situación y que ha pedido audiencia con el Presidente de la República y con la Asamblea Nacional. La entrega sería la próxima semana, pero Carrión ha anticipado que se ha reunido con el subsecretario de Gobernabilidad, Carlos Gómez de la Cruz con el que ha conversado de las últimas acciones y han coincidido que “el Estado no puede tener un papel de mediador sino que tiene que aplicar la Ley”. Según él, las conclusiones del documento solo tendrán un valor ético y, en el caso de que no se cumplan, se tendría que acudir a la Justicia para que sean tomadas en cuenta. El defensor aseguró que ha pedido también que las observaciones se las presente al Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (Magap) para que inicie con los procesos de expropiación correspondientes, de acuerdo con la Ley de Tierras. La Constitución Ecuatoriana permitiría que lo laboral no precluyan o caduquen las vulneraciones de los Derechos Humanos.
A la par de estos procesos, la Fiscalía ha iniciado la investigación previa en la que se deberán determinar los delitos que luego se procesarán, entre estos podrían estar el trabajo infantil, la trata de personas y la explotación laboral. María Fernanda Poveda, abogada del equipo de la Cedhu, explicó que este proceso podría demorar mínimo un año, pero que las diligencias ya han iniciado en la Fiscalía de Santo Domingo.
Historias
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obreros están en la nómina de Furukawa. A Jenny Rodríguez le hubiera gustado estudiar un bachillerato en Belleza, le hubiera gustado vivir en un lugar diferente con sus tres hijos, pero por ahora, no puede más que pensar en el tiempo que falta para que las cosas se solucionen. Con su pequeña hija Sara en brazos, la joven de 23 años, contó que sus padres también fueron trabajadores del abacá, ella prácticamente nació en las haciendas y se acostumbró a hacer diferentes trabajos desde que era muy niña. Solo estudió hasta quinto grado porque era muy difícil llegar a la escuela, tenía que caminar por largos tramos para salir a la carretera y viajar a Patricia Pilar o a Luz de América. Llegaba tarde y sus profesores no la dejaban entrar.
Sueña con que sus hijos tengan un mejor futuro. También quieren más oportunidades para su familia Jofre Chila y Melba Gómez. Ellos viven en la línea 42, junto con las ruinas que quedaron de las zonas de secado del abacá, con el constante miedo de que los saquen y ya no tengan a dónde ir.
Sin respuestas oficiales
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hectáreas tiene la hacienda Isabel de la línea 42.° Diario La Hora se comunicó ayer con el representante de la Asociación Esperanza de un Nuevo Amanecer, Walter Sánchez, para pedirle más detalles del convenio, pero dijo vía telefónica que no estaba muy enterado de la situación. Después, contestó por mensaje que las preguntas las tenía que responder la Secretaría de la Política y, con respecto a las opiniones de los trabajadores, dijo que se le preguntara a la empresa. Se intentó obtener información oficial de la institución que está a cargo de la coordinación y desde el Ministerio de Gobierno se indicó que debía mandarse un correo electrónico al viceministro de Gobernabilidad, Fausto Holguín, se le envió una solicitud por ese medio, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. Al llamar a los contactos de Furukawa Plantaciones C.A., se comunicó que los representantes no iban a hablar y, solo el 6 de agosto, el abogado Martín Cabezas, quien es parte de la defensa de la empresa, respondió a un mail, con la intención de programar una reunión con el gerente y el presidente. El encuentro no se concretó y ayer se le envió otro mensaje que no recibió contestación. En una ocasión, se logró consultar directamente al ministro del Trabajo, Andrés Madero, sobre el tema y sin más detalles dijo que ya se había llegado a dos acuerdos con los trabajadores y que la cartera de Estado se aseguraría del pago de liquidaciones justas. Lo único que se conoció en las últimas semanas es que se harían nuevas inspecciones en las haciendas.