JOFFRE DAZA QUIÑÓNEZ
Se plantea, por parte del Gobierno Nacional, entregar en delegación las mejores empresas estatales, algunas que se encuentran funcionando con toda su capacidad al ciento por ciento y con buen rendimiento económico para el Estado.
Para comprender mejor el tema, revisemos la experiencia de Bolivia, donde Evo Morales, apenas llegó al poder, revisó los contratos petroleros y mineros de toda naturaleza, llamó a las compañías extranjeras y les planteó con franqueza, pero con contundencia, que aquellos contratos firmados con extremas ventajas, que perjudicaba al Estado; que, además, esas empresas extranjeras como Texaco y otras, no habían pagado los impuestos, con perjuicios económicos en miles de millones de dólares.
En esas circunstancias, anuló los contratos con todas las empresas extranjeras, a sabiendas que corrían el riesgo de ser demandado; pero también sabía de la posibilidad de ganar los juicios internacionales, en virtud de los graves perjuicios causados, en dichos contratos leoninos y las ilegalidades. Esto obligó a todas las empresas extranjeras a aceptar la nueva política planteada y ejecutada por el Gobierno boliviano, se cambió la fórmula de concesiones a la fórmula de compra de servicios.
Es decir, el Gobierno hace de contratante y las empresas extranjeras de contratista, quienes venden servicios de exploración y extracción de pozos petroleros, con un reparto de utilidades 80, 20 esto 80 por ciento a favor de Bolivia y 20 por ciento a favor de las empresas extranjera, como de todas maneras es un buen negocio, todas las empresas petroleras y mineras se quedaron y algunas regresaron a Bolivia.
Sigamos este ejemplo, no a las concesiones ni delegaciones de nuestras empresas, en su defecto contratemos servicios con un pago porcentual que no pase del 20 por ciento a favor de las empresas, quedándole el 80 por ciento de las utilidades para el Estado ecuatoriano. ¡Basta de regalar nuestros activos!