Redacción QUITO
En un comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República se anunció que se “deja sin efecto la resolución N° 051/18 aprobada por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), respecto a establecer el pliego tarifario del servicio de alumbrado público en 2019 para los sectores residencial, comercial, industrial, asistencia social, beneficio público, entidades oficiales, entre otros”.
El Dato
El tarifario derogado por el gobierno fue aprobado el 28 de diciembre de 2018. El objetivo era que esté vigente durante todo 2019.Este tarifario que, a criterio de Byron Betancourt, director ejecutivo de la Arconel, no constituían un aumento del costo para los usuarios. Así mismo, en un comunicado emitido ayer, antes de la derogatoria de la resolución, el funcionario precisó que se realizó un análisis de tarifas y de cobertura de costos; y que esto permitió que, por primera vez, se establezca un pliego tarifario para este servicio, considerando criterios de equidad, eficiencia energética y sostenibilidad. “Con ello se busca que quienes más consumen, paguen más por este servicio”, dijo.
De Igual manera , desde el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables se señaló que para calcular el costo de este servicio para los sectores residencial, comercial, industrial, asistencia social, beneficio público y entidades oficiales se estableció con 14 rangos de consumo determinados a escala nacional.
El Dato
Según el gobierno, solo el 2% de los abonados, a través del tarifario, pagaban entre 21 y 179 dólares por alumbrado público.Antes de este esquema, hasta el 2018, la tarifa de este servicio era fijada de acuerdo con porcentajes generales establecidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sin contar con un sustento técnico y económico.
Uno de los principales opositores al tarifario derogado fue Guillermo Celi, asambleísta por SUMA, el cual recordó que ha recibido denuncias de clientes de provincias como Santa Elena, Guayas y Manabí. “Las planillas de luz de las familias de clase media de la Costa han subido en alrededor del 40%”, afirmó.
Por tal motivo, y aunque el gobierno revocó la medida, el legislador anunció que solicitó que Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; y Byron Betancourt, director ejecutivo de la Arconel, acudan el 1 de mayo a una comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. (JS)