La Defensoría del Pueblo presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad a la resolución SGR-073-2016 de la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos, que declaró que la isla de Muisne era de alto riesgo y que prohibió los asentamientos humanos, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
La resolución señala que la zona tiene amenazas de tsunami y, en su momento, el expresidente, Rafael Correa, aseguró que no se darían incentivos para que la gente viviera allí. Sin embargo, esta decisión, de acuerdo con la defensora del pueblo encargada, Gina Benavides tiene vicios de inconstitucionalidad y provoca violaciones a los derechos humanos.
De una investigación que realizó la entidad, se identificó que “los estudios técnicos no son lo suficientemente contundentes para declarar zona de riesgo y haber impedido el asentamiento humano”, según Benavides, quien indicó que existen contradicciones entre la resolución y los hechos.
Quedaron a la espera
Esto porque el 90% de la población está habitando nuevamente la isla, pero está privada del acceso a servicios básicos. Además, se vulneran sus derechos, por ejemplo, a la educación porque no quedó ningún colegio y más de 2.000 jóvenes están hacinados en unas instalaciones para recibir clases, o a la salud porque hay un centro de salud que bajó de categoría.
La Defensoría del Pueblo envió un exhorto al presidente, Lenín Moreno, y a la Secretaría para que derogue la resolución. Ante la negativa, Benavides acudió ayer a la Corte junto con un grupo de moradores de la isla. Allí ingresó la denuncia, pero como la entidad está sin jueces, deberán esperar hasta que el Consejo de Participación transitorio nombre a los magistrados.
“Esperamos que sea el primer caso que trate la nueva Corte Constitucional”, dijo Benavides. (AGO)