El 2 de octubre, el presidente de la República, Lenin Moreno, haría públicas las preguntas de una inminente consulta popular a los ecuatorianos, para lo que luego de la aprobación del Ejecutivo, la Corte Constitucional dará el aval en el marco de su competencia.
Para las últimas votaciones fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 12 millones 816 mil 698 electores, de los cuales 391.042 estaban en la provincia de Esmeraldas, jurisdicción que esta vez decidió aportar con las preguntas que estiman necesarias para mejorar al país.
Para los juristas Tomás Restrepo y Newton Quintero, una de las interrogantes debería estar relacionada con el combate a la corrupción. Para Restrepo, la muerte civil, la pena de hasta 40 años de cárcel para los corruptos y la devolución de los bienes relacionados con sus actos ilícitos, deberían constar en una pregunta.
No permitir fianza
Mientras que Quintero considera que tampoco se le debería permitir fianza al sentenciado. “Que devuelvan todos los valores detectados con sus respectivos intereses”, agrega. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Patricio Recalde, cree también en la muerte civil, “ya que eso será una sanción moral y condenatoria a los que se han llevado la plata del pueblo”.
En cambio para el abogado Cristian Prado, la eliminación de enmiendas como reelección indefinida, plusvalía, obreros y servidores públicos, comunicación como servicio público, deberían ser prioridades para el Mandatario. “La idea es que se eliminen todas las enmiendas hechas por el correato (mandato del expresidente de la República, Rafael Correa)”, argumentó su propuesta.
Para el padre de familia Cristian Quezada, en la consulta se debería definirse que los funcionarios judiciales no sean afines a ninguna línea política. “¿Está usted de acuerdo que se renueve la Corte de Justicia?”, es su interrogante.
Cultivo de la corrupción
Gary Espinoza pide que se consulte al pueblo: “¿Está de acuerdo o no con la terminación del periodo de los organismos de control: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalía, Judicatura, jueces, Corte Nacional, Constitucional, CNE?”.
“Si no tenemos autoridades con una mediana independencia seguirán cultivándose los actos de corrupción que ahora son sistemáticos y planificados”, argumenta Espinoza. Por su parte Miguel Alarcón, exfuncionario público, recomienda que se pregunte si se está o no de acuerdo con la inversión extrajera para nuevas fuentes de trabajo.
“¿Está usted de acuerdo que las unidades de Talento Humano en las instituciones públicas realicen los procedimientos para llamar a concurso de mérito y oposición a los seis meses de contratación ocasional y se eliminen los nombramientos provisionales?”, es la interrogante del migrante retornado, Fabricio Cedeño.
Revocatoria de mandato
El concejal rural, Miguel Ruiz, recomienda al Presidente de la República que se pregunte: “¿Está de acuerdo que en caso de que una autoridad de elección popular que no cumpla con su propuesta de campaña se le realice la revocatoria a su mandato?”, detalló, tras argumentar que el pueblo, así como tiene la facultad de elegir, también debe tener la potestad de sacar a quienes no cumplen previo una fiscalización.
Desde la visión de la juventud, Darío Robinzón recomienda que se pregunte si se debe mantener o mejorar el porcentaje de inversión en la niñez y en lo social dentro del presupuesto general del Estado, también que se consulte si se desea o no una prueba para acceder a las universidades.
El presidente del Frente de ingenieros mecánicos de Esmeraldas, Oswaldo Velasco, centra su atención en el ser humano, por lo que recomienda pregunta: “¿Está usted de acuerdo que se legalice el aborto, en casos de violación?”
Tarifas de agua
Guillermo Waibel, vinculado al deporte, se centra en que se deje definido el no incremento indiscriminado de las tarifas por el servicio de agua potable. El entrenador profesional de gimnasia, Marcos Arroyo aterriza su propuesta más en lo local.
Piensa que la erradicación de la discriminación laboral no solo debería quedar plasmada en Ordenanza sino en ley nacional, en la que se disponga a las empresas la prioridad de contratar a la gente de la zona, para generar más fuentes de trabajo y mejorar la economía de los habitantes, por ende de la ciudad donde funciona. (MGQ)