La gran minería y quienes de ella obtienen beneficios tienen una campaña de mentiras que impiden el verdadero desarrollo del sector.
Pequeña, mediana y la minería artesanal en el imaginario nacional son sinónimos de delitos, mafiosos y delincuentes, buscan quedarse solos con el gran pastel. La minería es tan antigua como nuestra propia historia.
Era y es parte de nuestra realidad siglos antes de la llegada de los conquistadores y estos lo que más pretendieron fue el saqueo y la exportación a España de nuestros tesoros que dieron el auge a un Reino que decaía y la transformaron en potencia por varios siglos.
Atahualpa ofreció pagar su rescate con una habitación de oro y dos de plata llenas hasta el alto de su brazo alzado pero Pizarro cuando ya se cumplía el acuerdo asesinó a Atahualpa.
Los tesoros que no acabaron de llegar fueron desviados por Rumiñahui creándose la leyenda que están en los Llanganates y otros en Quinara o Yangana en Loja.
Todas nuestra regiones son ricas en materiales preciosos, nuestro propio Banco Central tiene como símbolo una espectacular pieza de oro y siempre han sido limitadamente explotadas por mineros artesanales y pequeños.
Hasta la primera explotación por un consorcio extranjero en el Oro, que resolvió abandonar el país y luego se creó, el primer fracaso con una empresa pública mixta (CIMA) que como siempre terminó en quiebra (1.970)
Se dio así paso a la explotación irracional en todo el sector y de nuevas minas que socavaron a la ciudad de Zaruma.
LEYES Y MÁS LEYES
Bolìvar, Rocafuerte, Alfaro y otros gobiernos expidieron muchas leyes para fomentar y regular la explotación ,siempre pensando que el éxito era la pequeña y mediana minería pero nuestra legislación jamás logró sintonizar con la realidad de la pequeña minería.
En 1970 se creó el Ministerio de Recursos con una Dirección General de Minas. En 1974 se expidió la Ley de Fomento Minero sin ningún beneficio concreto, en 1985 la nueva ley trata de reducir los requisitos y se crea el INEMIN, que cambia de nombre cada gobierno.
La década de los 90 trae vientos internacionales de modernidad y se trata de regular más a la burocracia que se había desmandado, se procura la reducción del estado, una reforma tributaria e industrial y se reduce la discrecionalidad del sector público que era la principal arma para la corrupción.
La Ley Trole II, sintonizando con las vivencias provincianas, permite ya la minería de pequeña escala con extensiones máximas de 150 hectáreas (En Perú son 1.000) y con una inversión máxima de un millón de dólares.
Pese a todas estas reformas y supuestas facilidades, jamás el estado ecuatoriano y especialmente la burocracia técnica permitió el desarrollo de la minería mediana y pequeña.
