“¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador”. Así se titula el informe presentado la semana pasado por Human Rights Watch sobre la despenalización del aborto en Ecuador. El informe analizó un total de 148 procesos en vista que, en el debate legislativo, el principal argumento sostenía que, las mujeres y niñas del Ecuador NO eran criminalizadas. No obstante ¿Qué concluyó el informe?
Para hacerlo breve, el informe concluye en primer lugar con que las restricciones legislativas referentes al aborto no lograban su objetivo, es decir, impedir el aborto. Sin embargo, lo realmente alarmante del informe no es la conclusión y su impacto, sino la cifra de 120 mujeres y niñas criminalizadas por abortar en Ecuador entre 2009 y 2019 después de haber revisado los registros otorgados por la Fiscalía General del Estado.
“Todavía sangrando debido a un procedimiento para quitarle restos de tejido del útero, la policía trasladó a Sara, desnuda, salvo por la bata que tenía puesta y con unas pocas compresas higiénicas, a una unidad de detención en medio de la noche y acusada de aborto consentido. Temprano en la mañana, le asignaron a un defensor público, quien le aconsejó que se declarara culpable para recibir una pena menos severa” aseguraba el informe referente al caso de una de las víctimas.
Sinceramente, el informe es desgarrador, refleja el reto que tiene por delante el Ecuador. Los jueces no pueden ser el reflejo de estereotipos de género ni condenar bajo el amparo de una cruz. Al final, con los resultados del informe podemos concluir con el hecho que el debate legislativo sobre el aborto jamás fue o será un tema que pueda ser ignorado.