En un recorrido de verificación de cumplimiento del 4% de la nómina a 14 empresas, diez de ellas mantienen en sus nóminas a personas con discapacidad.
Los números para las personas con discapacidad en busca de un trabajo formal no son los mejores en el último año en curso, siendo este el menor de todos los últimos tres periodos respecto a la afiliación en el Seguro Social.
Por ejemplo, en 2019, 2.224 personas con discapacidad se encontraban laboralmente activas en la provincia de Esmeraldas, con la pandemia 424 afiliados fueron desvinculados de las empresas, teniendo para 2020 a tan solo 1.800 empleados.
Aquello no termina ahí, a falta de tres meses para culminar el 2021, las cifras registran a 1.264 ciudadanos con discapacidad asegurados, es decir, otros 536 fueron despedidos. En total, desde 2019 hasta la fecha, 960 personas que mantienen algún tipo de discapacidad y cumplían sus labores dentro de una compañía, hoy no gozan de ingresos para su familia.
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Durante el último recorrido tripartito entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), el Ministerio del Trabajo y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif) se analizó a 14 empresas de la provincia de Esmeraldas para contrastar el cumplimiento del porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad.
De ellas, diez cumplían a cabalidad el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo que determina que el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, hoy reflejado en el 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono.
Flavio Bustos, analista Promotor Laboral de la Fenedif, explica que estas empresas constan en los cantones Atacames, Quinindé y Esmeraldas. En estas dos últimas ciudades están asentadas las cuatro restantes que fueron advertidas para que dentro de su nómina contraten a una persona con discapacidad.
Sorpresa
“Nos hemos sorprendido encontrando que, en estas 10 empresas, muchos tenían más de un trabajador”, afirma Bustos, quien lleva una base de datos con 400 postulantes en busca de una oportunidad laboral.
En este proyecto de inserción laboral, en 2018, 15 fueron contratados y en 2019 solo nueve pudieron acceder a una plaza de trabajo. Hoy, del total de postulantes, entre 60 a 70 personas con discapacidad mantienen un empleo formal, de ellas 10 con nombramiento definitivo, lo que permite concentrarse en la inclusión de otros trabajadores.
Durante las inspecciones, los funcionarios de las tres entidades públicas mantienen conversatorios no solo con los propietarios de negocios, sino con los trabajadores con discapacidad, a quienes se les realiza una serie de preguntas: ¿Cómo te sientes? ¿Tu trabajo está acorde a tu discapacidad? ¿Se demoran en los pagos? ¿Te dan los implementos necesarios (uniforme)?, entre otras. (JSG)