El 17 de diciembre de 1933, el Senado de la República declaró vacante el cargo de Presidente de la República, ejercido hasta la fecha y desde el 5 de diciembre de 1932, por Juan de Dios Martínez Mera, distinguido ciudadano guayaquileño. Este hecho tuvo y tiene una doble trascendencia histórica: es el único caso de destitución de un Presidente por la vía constitucional y marcó el inicio del fulgurante liderazgo y desempeño público del Dr. José María Velasco Ibarra.
El 15 de agosto de 1933, el entonces Presidente de la Cámara de Diputados Dr. Velasco Ibarra propuso la siguiente moción, que fue aprobada por 49 votos contra 22 negativos: “El Congreso de la República deplora hondamente que el Poder Ejecutivo, por carecer de fervor y base democrática y por ineficiencia administrativa, no haya resuelto ninguno de los angustiosos problemas que han intranquilizado a la Nación ecuatoriana y, en consecuencia, hace votos porque el señor Presidente de la República, en un gesto de patriotismo, abra los cauces democráticos para una nueva, libre y espontánea manifestación del querer nacional”.
El Presidente Martínez Mera, en carta talentosamente argumentada al Congreso, se negó a atender dicho requerimiento. Usando el arbitrio de la Constitución de 1929, el Congreso dio uno tras otro “votos de desconfianza” a los ministros del Gabinete. Según crónicas de la época, dichos votos se dieron aun antes de que un ministro llegase a posesionarse del cargo, lo que provocó una situación insostenible para el Presidente.
El diputado Joaquín Dávila propuso, ante la Cámara de Diputados, acusación legal contra el Presidente, como paso constitucional previo al juicio político en su contra, la que básicamente se concretó a acusarlo de “atentado contra la Constitución de la República, intentando prevalerse de la Guarnición de Guayaquil para atacar a la Capital” y “atentando contra el Poder Legislativo, ya tratando de predisponer al Ejército contra sus resoluciones, ya impidiendo sus deliberaciones por medio de gente maleante, ya valiéndose de escritos injuriosos, ya tolerando el allanamiento del domicilio del Presidente del Congreso”. El Congreso Nacional aprobó el siguiente Acuerdo: “1) Protestar ante la Nación por la última pretensión dictatorial del señor Juan de Dios Martínez Mera; 2) Declarar que ningún ecuatoriano que respete la República podrá colaborar como Ministro de Estado en el gobierno del señor Juan De Dios Martínez Mera, que significa un atentado a las instituciones de la República; 3) Dejar constancia de que el señor Juan de Dios Martínez Mera, con su última actitud, se ha hecho especialmente responsable del caos político internacional y económico que amenaza al Ecuador”.
La pugna del Congreso y el Presidente era definitiva. La Cámara de Diputados, en sesión del 7 de octubre de 1933, encontró fundada la acusación contra el Presidente Martínez Mera y resolvió pasarla a la Cámara del Senado. En sesión del 11 siguiente, designó como acusadores de la Cámara ante el Senado a los doctores Velasco Ibarra y Guillermo Ramos.
El Dr. Velasco Ibarra fue rotundo e implacable en su acusación. Además, ya había dicho el 15 de agosto anterior: “Martínez Mera es un excelente caballero, pero no es un gobernante de acuerdo a la época”.
El Senado acogió el pronunciamiento de los distinguidos repúblicos José Rafael Bustamante Cevallos y Julio César Montalvo:
“1) El señor don Juan de Dios Martínez Mera, Presidente de la República, ha estado y está en imposibilidad de gobernar y administrar el País ante graves problemas nacionales tan difíciles y complejos como apremiantes, parte por su culpa, parte por el peso del fanatismo histórico y de viciosa sicología que acumula en él el crimen secular de un sistema de imposición y despotismo, tornado ya insoportable, a la vuelta de un siglo, para el pueblo ecuatoriano que hace hoy grandes esfuerzos por la conquista de su derecho y libertad política.
2) El señor don Juan de Dios Martínez Mera, apremiado por las circunstancias, se ha hecho reo de un intento dictatorial, que nada, absolutamente nada, puede justificar y ha incurrido, por tanto, en la responsabilidad especial de atentar contra los otros Poderes puntualizada en el Art. 85 de la Carta Fundamental.
Toca al H. Senado ver si es del caso aplicar la medida de privación del empleo a que se refiere el Art. 40 de la Constitución”.
El Presidente Martínez Mera cesó en el cargo merced a la siguiente resolución, aprobada por unanimidad: “El Senado del Ecuador, en vista de la aprobación de los informes de comisiones que han estudiado las acusaciones interpuestas contra el Presidente de la República, señor Juan de Dios Martínez Mera, por el diputado doctor Dávila, las mismas que fueron aceptadas por la Honorable Cámara de Diputados, y atentas las disposiciones contenidas en los artículos 30, numeral 2, 40, 80, 84 y 85, priva legalmente del cargo de Presidente de la República al señor Juan de Dios Martínez Mera, y, en consecuencia, declara vacante el indicado cargo”.
OTROS ENJUICIAMIENTOS PRESIDENCIALES
En la época republicana, varios han sido los enjuiciamientos políticos contra Presidentes de la República, todos ellos fallidos, que los relato en apretada síntesis:
1) Contra don Galo Plaza Lasso en 1952, iniciado en la Cámara de Diputados por acusación formulada por el distinguido diputado Dr. Ruperto Alarcón Falconí, retomada en víspera de la finalización del mandato de Galo Plaza en agosto de 1952, tramitada la acusación, con la documentación de sustento, al Senado, y posteriormente retirada del trámite a pedido de la propia Cámara de la originó;
2) Contra el Dr. Velasco Ibarra, en 1956, curiosamente una vez terminado su mandato. Sabedor en ex Presidente del intento de enjuiciamiento político, desde Buenos Aires pidió señalar día y hora para comparecer ante el Congreso a defenderse.
Ante la presencia en el Ecuador del Dr. Velasco Ibarra, “les “templaron los pantalones” a los acusadores, y fracasaron en su intento con oprobiosa retirada. 3) Contra el Presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, en 1962, mediante moción de “descalificación y destitución” en célebre jornada legislativa liderada por el Dr. Jorge Salvador Lara.
La votación arrojó el siguiente resultado: 68 votos en contra de la destitución y 33 a favor de la misma. Este episodio pasó a la Historia como “Los vicios masculinos”.
Hubo una descalificación exitosa, aquella de 1932 seguida contra el Presidente Electo Neptalí Bonifaz Ascásubi, la misma que tuvo una secuela sangrienta: la “Guerra de los Cuatro Días”, pero ésta no cuenta como enjuiciamiento a un Presidente Constitucional, pues Don Neptalí no llegó a serlo. El motivo para descalificarlo fue que “era peruano”, acusación que él calificó como un acontecimiento “de mi despreocupada juventud”.
Estos acontecimientos bien merecen ser recordados