Traslados también buscan proteger a funcionarios
‘Ariel’ es un reo de alto riesgo. Incluso, amenaza de muerte a las altas autoridades del país. LA HORA accedió a una alerta oficial, un día antes de su traslado a Cotopaxi, en la que se advierte que este detenido planificó atentar contra autoridades cuya identidad LA HORA se reserva por preservar su integridad.
El motivo es el seguimiento, muy cercano, de Inteligencia sobre las bandas dentro de los presidios, sus movimientos, contactos, divisiones y órdenes. Y también las órdenes de traslados.
El trabajo de Inteligencia ha avanzado al punto de que se conocen las conexiones delictivas entre los líderes de las cárceles, incluso los planes para asesinar a los cabecillas de algunas bandas, como la de los Lobos, pero que nacen desde sus mismas filas y en distintas cárceles.
‘Ariel’, el maleante que mueve cocaína
Ariel Quezada, quien recibió tratamiento por su adicción a las drogas en 2012, tiene tres juicios por tráfico de estupefacientes, según los registros de la Función Judicial.
En el primero, de septiembre de 2017, fue declarado inocente. Su defensa fue muy hábil en presentarlo como un simple “adicto” a las drogas.
En diciembre del mismo año fue capturado por segunda ocasión en Cuenca, cuando, según la Policía, tenía en su poder marihuana y más de un kilo de cocaína. Por este delito fue condenado a 20 meses de prisión, pero salió antes de lo previsto. En la Función Judicial no hay registros virtuales de esa excalcelación ni sus motivos, la boleta ni quién la firmó.
El tercer proceso penal por tráfico de drogas inició en junio de 2019. En ese mes la Policía lo detuvo, nuevamente en Cuenca, pero con siete kilos de cocaína escondidos en un vehículo que fue cargado en Sucumbíos. El logotipo en los paquetes de la droga era un pavo real. En la audiencia de juzgamiento, en julio de 2020, Quezada se acogió al silencio. Fue sentenciado a cinco años de prisión. Pagaba su pena en la cárcel de Turi, antes de sus dos traslados.
Este último caso continúa en la Corte Nacional de Justicia por un pedido de casación. Su defensa quiere demostrar que hubo supuestas anomalías con el manejo de las pruebas en su contra. Y así, quizá, obtener la libertad definitiva.
MIEDO ENTRE LOS FUNCIONARIOS
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, es un General de la Policía (sp) que tiene una de las más sensibles tareas en el país: controlar el crimen. A pocos días de su nombramiento, el 30 de marzo, ya recibió amenazas contra su vida por sus acciones antidelincuenciales, los traslados de los líderes de los cárteles ecuatorianos a La Roca y el respaldo firme a las operaciones policiales.
Fuentes del Minsiterio de Gobierno aseguran que las amenazas son reales y hoy cuenta con un importante contingente de seguridad y proteción.
Por otro lado, fuentes de la SNAI relevaron que se han reforzado las seguridades en su edificio matriz, ubicado en el norte Quito. Funcionarios encargados de los asuntos judiciales reciben llamadas y mensajes amenazantes. La fuente asegura que se ejecutan permanentes vigilancias en los alrededores de la sede para identificar a personas sospechosas. Pero hay temor entre los funcionarios. No quieren que se repitan los tres atentados en Guayaquil de inicios de enero, uno de ellos a la directora de la Cárcel de Mujeres, Lorena Caldderón. O el caso de Daniel Cisneros, el agente penitenciario que recibió un disparo en la cabeza el 6 de abril, en Quito.