Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2022, las autoridades contabilizaron 815 muertes violentas. Mientras que en los mismos 78 días de 2023 hubo 1.356 casos. Esto supone un incremento del 66,4%.
A pocos días que concluya el primer trimestre de 2023, el país ha vivido uno de los períodos más violentos de su historia en materia de seguridad. Según Registros del Ministerio del Interior en los 365 días de 2022 hubo 4.603 homicidios, eso significa un promedio 10,4 casos diarios de 25, por cada 100.000 habitantes, según informó el portal Primicias. Mientras en lo que va el año 2023, el promedio diario es de 17,4 casos. Si esta media se mantiene, se podría cerrar el año con más de 6.300 crímenes y una tasa de 34 casos por cada 100.000 habitantes.
Juan Zapata, ministro del Interior, dijo sobre el tema al medio de comunicación Primicias que el problema está localizado principalmente en 15 distritos del país: Prosperina, Sur de Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo, Pascuales, Manta, Portete, Esteros, Florida, Portoviejo, Milagro, Salinas, Durán y Balzar. En estos distritos se genera entre el 80 y 85% de las muertes totales en el país.
En estos distritos la pelea se da por dominio del territorio. “Es claro que existe una guerra declara entre bandas en las que inclusive se han perdido los códigos”. Con esto se refirió a que las muertes ya no son selectivas, no les interesa quien está alado de los objetivos, si están niños o familias. Se han perdiendo los códigos, recalcó a Primicias.
“Ruta de las drogas”
El Gobierno justifica el crecimiento de las muertes entre 2022 y 2023 debido a la guerra entre bandas que se disputan el control del territorio y del mercado del narcotráfico y el microtráfico de drogas. Las cifras oficiales apuntan que el 80% de estos asesinatos se dan en las llamadas “rutas de las drogas”. Se trata de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
Zapata, mencionó que es imposible que las muertes violentas se detengan, pero el objetivo es contenerlas y luego empezar a reducirlas. La prioridad sería el control de las armas y municiones que se mueven en el mercado ilegal. Para fortalecer esta área, el Gobierno ecuatoriano firmó un convenido con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). El objetivo de este acuerdo es determinar la trazabilidad de las armas y de las municiones que terminan en las manos de los delincuentes. La idea es rastrear las fábricas de donde salen las armas para determinar cuáles son las rutas que siguen para ingresar al país.
Acciones inmediatas
“Hemos generado la estrategia contra la violencia. Porque la policía tiene que enfocarse en las nuevas dinámicas: secuestro, extorsión y muertes violentas”. Para ello se van a construir 100 UPC (Unidades de Policía Comunitaria) y seis UVC (Unidades de Vigilancia Comunitaria). Las primeras 35 UPC serían entregadas a finales de 2023, 10 más en agosto, y el resto en lo que va el año, señaló a Primicias. Las UVC son más grandes tienen una capacidad para 200 a 300 policías y estarían previstas para marzo de 2024.
En el tema de los vehículos, dijo que entregarán algunos que no son nuevos, van a ser repotenciados, pero saldrán como nuevos. Estarán en las zonas más conflictivas. Por ejemplo, la zona 1 de Esmeraldas, tiene 180 patrulleros y vamos a dar 100 más de estos repotenciados. Estos ayudarán hasta que se renueve la flota”, contó a Primicias. (DLH).