El 26 de diciembre comenzó a regir en todo el país una disposición del COE nacional, que dispone que a partir de esa fecha todos nos encontramos obligados a presentar el carné de vacunación contra la covid o una prueba PCR negativa para ingresar a cualquier institución pública.
La medida busca avanzar en la batalla contra la pandemia, que en parte ha sido bloqueada por la actitud irresponsable de los movimientos antivacunas, a los cuales parece conmoverlos el hecho de que hasta la fecha hayan muerto en el país más de 33.500 personas y, en el mundo, más de 5 millones.
Estos grupos manejan desde argumentos ridículos, como el hecho de que las vacunas transforman a las personas en animales, hasta otros que cuestionan los componentes de las vacunas. De todas formas, en su generalidad defienden sus posturas alegando su derecho a elegir y a pensar distinto, pero olvidan que, si bien todas las personas tienen derechos fundamentales, también tienen deberes y uno de ellos es evitar hacer daño a otros con su conducta.
Muchos promotores de los mensajes antivacunas que terminaron enfermos y poniendo en riesgo sus vidas (y las de su entorno) y otros acabaron ocupando un espacio en la lamentable estadística de fallecidos que crece y crece desde 2019.
Lorenzo Damiano, “líder” del movimiento antivacunas contra la Covid-19 en Italia, cambió en 180 grados luego de haber llegado al hospital con covid. “Claramente, mi visión ha cambiado, estoy listo para decirle al mundo lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te salva”, dijo.
La ciencia es la que justamente ha establecido que la vacuna evita que un enfermo con covid ingrese a terapia intensiva y las cifras en los hospitales así lo confirman.
Hay quienes sostienen que las vacunas contienen sustancias peligrosas, como aluminio y mercurio, pero en un día normal respiramos, ingerimos o bebemos 30 a 50 mg de aluminio, más de 20 veces de la dosis reglamentaria máxima contenida en una vacuna. Otros alegan que las vacunas son responsables del número creciente de alergias, asma y enfermedades autoinmunes, pero no hay ningún estudio científico que así lo avale.
Nadie ha propuesto forzar la vacunación de los antivacunas, pero ellos están obligados a no poner en riesgo al resto y, obviamente, a cumplir la ley. Por ello, todos deberíamos ser fiscalizadores arrimar el hombro y salir de esto.