En una reciente rueda de prensa, los empleados de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Esmeraldas expresaron su oposición a la propuesta de erradicar el contrato colectivo vigente por parte del Gobierno Central.
La ministra de Trabajo Ivonne Núñez ha calificado la situación como una «burocracia dorada», sugiriendo que los beneficios y condiciones laborales actuales son excesivos. Sin embargo, los trabajadores rechazan enérgicamente esta afirmación, argumentando que se trata de una distorsión de la realidad. Los empleados de CNEL enfatizan que el contrato colectivo no es una invención caprichosa, sino un instrumento legal respaldado por normativas nacionales e internacionales. Lejos de ser un privilegio injustificado, estos acuerdos están regulados por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y son ampliamente reconocidos en el ámbito laboral.
Orígenes del contrato colectivo
Según información de la rueda de prensa ofrecida inicialmente la empresa se constituyó como una sociedad anónima privada el 15 de diciembre de 2008, pero posteriormente se convirtió en una empresa pública en 2009. Su formación involucró la fusión de varias empresas eléctricas distribuidoras disueltas, como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Milagro, Sucumbíos y Bolívar, entre otras. Cada una de estas unidades de negocio, ahora denominadas «unidades de negocio», contaba con su propio contrato colectivo que se revisaba periódicamente. Ante la consolidación de CNEL como una sola entidad, surgió la necesidad de establecer un contrato colectivo unificado que abarcara a todos los trabajadores. En noviembre de 2018, los empleados presentaron su propuesta de contrato colectivo ante el Ministerio de Trabajo, solicitando que el empleador, en este caso CNEL, reconociera y acatara el nuevo acuerdo.
Antecedentes
La Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, solicitó el 1 de julio de 2024 a la Contraloría General del Estado la revisión y nulidad de los contratos colectivos de cuatro empresas públicas. Las empresas afectadas son la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador. La petición busca la realización de exámenes especiales a los contratos colectivos de estas empresas estratégicas. La solicitud se hizo oficial en un acto público, donde la ministra entregó la petición a la Contraloría.(DLH)
