La pandemia desvistió al país, puso en certidumbre las fragilidades de la sociedad y también sus virtudes. Nos ha servido como espejo que refleja la crisis institucional, la precaria legalidad y, más aún, la falta de comprensión de la naturaleza, dimensión e implicaciones que trajo consigo el coronavirus, y que hizo patentes la corrupción, el cinismo y la voracidad de quienes, por sobre el dolor ajeno, han convertido a semejante circunstancia en ocasión de provecho ilegítimo, de abuso. Nos puso frente a la verdadera dimensión de la política entendida no como servicio, sino como poder, dominio utilitario, manipulación y cálculo.
Los grupos que pretenden que la Asamblea Nacional se convierta en parapeto de sus proyectos políticos, demuestran absoluta falta de comprensión de lo que significa, en términos sanitarios y sociales, la fuerza mayor extraordinaria que ha superado todos los supuestos jurídicos, las previsiones de la economía y las herramientas con que cuenta el Estado. La pandemia nos ha dejado inermes, pero algunos parecen inmunes a esa verdad.
En materia aboral sigue tratándose por la dirigencia sindical y por algunos asambleístas, bajo los viejos croquis de la inflexibilidad de los contratos, de las garantías absolutas para quienes ya tienen empleo. Se lo trata con un sesgo de inaceptable egoísmo frente los cientos de miles de desempleados. Egoísmo y monopolio. Egoísmo y negación de la solidaridad, porque si algo se requiere ahora es crear las condiciones necesarias para que agricultores, industriales, comerciantes, prestadores de servicios, contraten trabajadores, paguen salarios, produzcan, es decir, impulsen las actividades económicas. Es hora de cambiar el paradigma de la sobreprotección, por el de las oportunidades. Es el momento de enterrar la vinculación del salario con el tiempo laborado, y relacionarlo con la productividad, con el rendimiento.
Es indispensable obrar con generosidad e inteligencia. Generosidad, pensando en la gente que no tiene empleo. Inteligencia, para comprender que no vivimos situaciones normales; que nos enfrentamos a realidades extraordinarias; que nos aquejan grandes contratiempos, que requieren mayúsculas soluciones.
La restauración -porque se trata de restaurar la normalidad- no depende solamente del gobierno. Es asunto que atañe a los asambleístas que deben aprobar leyes sensatas.
Es asunto de los dirigentes sindicales, que deben remontar sus antiguos dogmas. Es tema de los inversionistas y empresarios, que deben comprometer sus recursos, su diligencia y su trabajo.
Si no se construye de ese modo, corremos en riesgo de quedarnos esperando algún milagro populista, o la magia de algún iluminado. Estaremos en peligro de no asumir con grandeza las soluciones que las circunstancias imponen.
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