La adjudicación de la obra de la terminal terrestre de Quinindé, originó la denuncia contra el Alcalde y dos funcionarios más.
La investigación previa por un presunto tráfico de influencia que se seguía en contra del alcalde del cantón Quinindé, Carlos Barcia Molina, y, además de César Enrique Cedeño Jalil, procurador Síndico, y Camilo Santos Rueda, director de Compras Públicas del Cabildo, fue archivada el pasado 1 de diciembre de 2021.
La querella se la presentó en la Corte Provincial de Justicia por parte de Ernesto Encalada Torres, porque, a su criterio, los funcionarios habían incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación del contrato administrativo para la construcción de la terminal terrestre de Quinindé.
No obstante, el procurador síndico del Municipio de Quinindé, César Cedeño, aclaró que la contratación se realizó a través de un proceso establecido, que, una vez analizadas las 10 ofertas de las empresas interesadas en construir la mencionada obra, se declaró al ganador de forma legal y transparente, asegura.
Investigación
La denuncia presentada el 22 de diciembre de 2020, fue investigada por la Fiscalía Provincial de Esmeraldas y tras un año de indagación previa, al no hallar elementos que determinen el delito de tráfico de influencias, se dispuso el archivo de la investigación.
La decisión fue ratificada por el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Fernando Otoya Delgado. Con esta resolución, los perjudicados solicitan que la denuncia sea calificada como maliciosa y temeraria.
Según César Cedeño, la denuncia presentada por Encalada Torres, ha sido calificada como ‘temeraria’. “Eso significa que el autor deberá responder por daños y perjuicios irrogados a la honra y buen nombre de los denunciados”, comentó. (MBC)
El abogado, Ernesto Encalada Torres, dijo que apeló el fallo ante la Corte Provincial y está a la espera del pronunciamiento.
En qué consiste el tráfico de influencia
El delito de tráfico de influencia se haya tipificado en el Art. 286 del Código Orgánico Integral Penal, que en su parte medular dice: “Las y los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo, o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
LA FRASE
“Al ser calificada la denuncia como temeraria, Ernesto Encalada Torres, deberá responder por daños y perjuicios ocasionados a los demandados”.
César Cedeño,
Procurador Síndico del Municipio de Quinindé.