jueves, mayo 6, 2021

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En Pichincha y Guayas hay un 73% de trabajadores sujetos a contratos especiales

La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario cumple 10 meses desde su aprobación, con modestos resultados. Persiste la crítica en diferentes sectores.

Suman 81.309 los contratos especiales de emergencia dispuestos en la Ley de Apoyo Humanitario. El objetivo de su creación fue frenar el desempleo en el Ecuador en medio de la crisis económica y sanitaria por el coronavirus; sin embargo, son más los empleos que se perdieron que las oportunidades laborales que se abrieron.

La mencionada Ley fue aprobada en junio de 2020, el confinamiento por la pandemia comenzó el 16 de marzo del mismo año. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre marzo de 2020 y marzo de 2021, se perdieron 341.694 empleos y se crearon 43.677 nuevos empleos.

“Los resultados pudieron ser peores si no aplicaban los contratos especiales”, comentó el analista económico Pablo Villalba, consultor independiente. “El mercado laboral ya estaba bastante deteriorado cuando comenzó la pandemia. Con el confinamiento las empresas comenzaron a quebrar y se perdieron empleos. Los contratos especiales permitieron de alguna forma salvar algunas vacantes” acotó.

Contrario a Villalba, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicenco, cuestiona la aplicación de la Ley. “Los contratos especiales fueron una excusa para precarizar el trabajo. En algunas empresas pudieron contratar uno o dos, pero en malas condiciones, con sueldos bajos o sin seguridad social, pese a que la norma lo establece”, dijo. “La Ley Humanitaria fue la excusa para que miles de trabajadores fueran despedidos sin una liquidación justa”.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, un 65% de los trabajadores sujetos a un contrato especial de emergencia prestan sus servicios en sectores de comercio, agricultura o ganadería. Además, en Pichincha y Guayas se concentra el 73% del total de trabajadores sujetos a esta modalidad (59564 personas).

El sector empresarial

El objetivo principal de la Ley de Apoyo Humanitario se concentró en el empleo, es por eso que se establecieron ciertas facilidades para la apertura de nuevos emprendimientos. El Estado dispuso que los gobiernos locales otorguen permisos de operación provisional con una validez de 180 días y en ese plazo debían ponerse al día en temas tributarios y otros permisos.

Hasta el registro de la Ley, 37 de 150 emprendimientos consultados cerraron durante la pandemia, según un reporte de GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Un total de 13,3% de las empresas despidió personal debido a la disminución de la demanda y un 16,8 % recurrió a la disminución de salarios.

Para febrero de 2021, 775 microempresarios y 124 pequeños emprendedores perdieron su sustento. Una decena de grandes empresas y 41 negocios medianos también desaparecieron, según la Superintendencia de Compañías.

“Lo que sucedió es que ante la falta de clientes, uno deja de su negocio y se vuelca por la informalidad”, cuenta Patricio Salazar, quien tenía un restaurante en el centro de Quito. “Dejé de tener ingresos suficientes y salía a perdida por pagar impuestos, el arriendo de un local y gastos de servicios. Ahora vendo almuerzos desde mi casa y por lo menos tengo un ingreso”.

Un gremio en contra

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) desaprueba la Ley Humanitaria pues considera que “dio lugar a un congelamiento de los salarios y al despido de miles de trabajadores”, dijo el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicenco. Este gremio decidió adelantar para el 30 de abril su marcha en conmemoración por el Día del Trabajo, por coincidir con el segundo fin de semana de confinamiento y toque de queda. Este gremio

Prórroga en el pago de deudas

Durante el Estado de Excepción y hasta por 60 días más de finalizado ese período (mediados de octubre considerando de 2020) las entidades financieras incluidas las tarjetas de crédito y casas comerciales prorrogaron el cobro de cuotas mensuales generadas por deudas.

La medida se aplicó, “pero luego las cuotas vinieron de golpe, en algunos casos dejaron de cobrar las cuotas, pero no los intereses, cuenta Renata Cifuentes, usuaria de una cooperativa de ahorros con quien aseguró tiene un crédito. “Lo difícil fue comenzar a pagar las deudas sin empleo”.

Pensiones educativas

En cuanto a la reducción del precio de las pensiones en escuelas y colegios dispuesta en la Ley, no significó del todo un ahorro para las familias pues, en algunos casos, usaron el dinero que antes se gastaba en pensiones o transporte para contratar a alguien que apoye a sus hijos en las clases virtuales.

Paula Egas, por ejemplo, estudia para convertirse en maestra. “Cuando terminó el confinamiento y los adultos comenzaron a salir a trabajar, con las escuelas cerradas, necesitan de alguien que ayude a sus hijos con sus tareas. A mi me contrataron dos familias y con eso gano unos USD 250 mensuales por niño”, cuenta.”Estoy junto al niño cuando recibe clases online y le ayudo a hacer las tareas”.

Leyes económicas aprobadas por la Asamblea

  • Agosto 2018. Ley para el Fomento Productivo

Planteó exoneraciones tributarias para inversiones,  remisiones de multas, intereses y recargos por concepto de deudas vencidas al 2 de abril de 2018 en varias entidades públicas.

  • Diciembre 2019. Ley de Progresividad Tributaria

Elimina pago de anticipo al Impuesto a la Renta, se grava IVA de 12% en plataformas digitales, cambia detalles del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y dispone un impuesto por tres años para las empresas cuyas ventas superen USD 1 millón.

  • Junio 2020. Ley de Asistencia Humanitaria

La norma plantea alternativas para la reducción de jornadas y acuerdos laborales, terminación laboral justificado en el cese total de la empresa, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros.

  • Abril 2021. Ley de Defensa de la Dolarización.

Prohíbe que el Banco Central utilice sus reservas internacionales para inyectar recursos al gobierno central,  crea la Junta de Política y Regulación Monetaria. El texto fue enviado por el Ministerio de Economía y previamente fue rechazado dos veces por el CAL.

El lunes 22 de junio del 2020 el Registro Oficial publicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
Los contratos especiales de emergencia tienen validez de un año.

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