El mando de la Contraloría tambalea tras la detención de Pablo Celi

    Pablo Celi fue detenido la madrugada del 13 de abril. Está acusado de delincuencia organizada.

    La detención para investigaciones de Pablo Celi no lo separa del cargo, pero sobre la mesa está la urgencia de un Contralor definitivo.

    El contralor general subrogante, Pablo Celi, está detenido temporalmente y al interior de la institución se desconoce quién será su reemplazo. En su lugar podría ser nombrado otro contralor subrogante, mientras el Consejo de Participación Ciudadana designa a un contralor oficial, pero hasta el mediodía del 13 de abril no se ventila el nombre de ningún posible candidato.

    Entre los trabajadores de la institución es visible el desconcierto y se mantienen a la espera de que las autoridades se pronuncien al respecto. Esto en consideración a que Celi todavía no ha dejado el cargo y su detención se dio únicamente con fines investigativos.

    Al no existir una orden de prisión en firme contra Celi, la detención solo duraría unas horas. “Para la tarde, tranquilamente podría volver a su despacho y seguir trabajando”, comenta el abogado Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

    La madrugada de este 13 de abril, Celi, junto a otros funcionarios y ex funcionarios, como el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones, fueron detenidos en medio de un operativo organizado por la Fiscalía y liderado por la propia fiscal, Diana Salazar.

    Por tratarse de una investigación previa, explica Espinel, no existe un impedimento para que Celi continúe en su cargo, pero recuerda que el puesto de Contralor le fue otorgado bajo la figura de “encargo” por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-t),  que fue cuestionado en su momento.

    La mañana del miércoles 8 de mayo del 2019, el Cpccs-t emitió un mandato para designar a Celi y termine el período que debía cumplir el excontralor cesado, Carlos Pólit; es decir, hasta 2022. Sin embargo, el Cpccs-t puso otro plazo: la creación del proyecto de Tribunal de Cuentas, que fue enviado a la Presidencia de la República.

    “Luego de la renuncia, destitución o censura de Polit, fue designado Celi, con toda la controversia de por medio”, recuerda Espinel. “El Cpccs-t no tenía la potestad de evaluar al Contralor, en vista de que tenía que ser reemplazado por uno definitivo”.

    Con ello coincide el constitucionalista Salim Zaidán: “El origen del problema es que Celi fue nombrado bajo la figura del encargo y esa figura no existe. Esa fue una decisión equivocada porque no existe el encargo, al igual que no existe el encargo para el puesto de Defensor Público”.

    ¿Qué pasa ahora en la institución?

    Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana debería convocar a un concurso para seleccionar un contralor definitivo. “Está pendiente eso desde hace mucho, desde la salida de Carlos Polit”, dice Zaidán.

    En el escenario de que se emitiera una orden de prisión en contra de Celi y no pueda continuar, la opción sería nombrar un contralor subrogante, sugiere el penalista Ramiro Román: “Un contralor subrogante ad honorem”.

    “Sería posible nombrarlo internamente, según orden de sucesión, y su cargo se mantendría hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe un contralor oficial permanente”, añade Román.

    La información es reservada

    En rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, habló de los allanamientos realizados por la Fiscalía . Aseguró que las entidades de control cuentan con total apoyo del Ejecutivo y que no intervendrán en ninguna en las acciones de los órganos judiciales.

    “Hemos dado una indicación clara a la Secretaría de Justicia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Energía y cualquier otra entidad que sea requerida para enterar información, para que colabore con la Fiscalía en el menor tiempo posible”, dijo.

    “Mientras se desarrolle esta investigación, la información de los procesos es reservada”, agregó. “Vamos a entregar la información cuando esté disponible y sea adecuado entregarla sin afectar al proceso en marcha”. (LGP)

    OPERATIVO. La Fiscalía lideró allanamientos en Quito y Guayaquil, el 13 de abril.

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