El Banco Central no puede ser financista del aumento en el gasto público

    237
    PLAN. Dentro de la campaña populista se ofrece $1.000 millones a un millón de familias, con dinero del BCE; una realidad poco viable para la economía del país.

    Por usar el dinero para el gasto público se generó un hueco patrimonial de más de $7.000 millones.

    El candidato presidencial Andrés Arauz dentro de sus ofertas populistas de campaña incluye un aumento inmediato del gasto público para entregar, entre otras cosas, $1.000 millones a un millón de familias, $3.000 millones a los gobiernos locales y subsidios para nómina y créditos para el sector público.

    El financiamiento de esos ofrecimientos tiene un origen específico. “El Banco Central, del Estado ecuatoriano, tiene $5.600 millones depositados en un banco de Basilea, Suiza, que se llama el Banco de Pagos Internacionales. Esos recursos están ahí simplemente para quedar bien con los banqueros. Pero en momentos de crisis, esos recursos tienen que usarse en el Ecuador. Por eso vamos a hacer una transferencia apenas lleguemos al gobierno para que ese dinero se transfiera a cuentas en el país, para beneficiar a las familias ecuatorianas”, dijo Arauz.

    La realidad es diferente

    El primer cuestionamiento a esa propuesta es que un gran porcentaje de los recursos que tiene el Banco Central del Ecuador (BCE), corresponde a depósitos del sistema financiero privado, es decir, dinero de los ciudadanos del que ningún gobierno puede disponer discrecionalmente.

    A parte de esos depósitos, la institución también resguarda recursos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), gobiernos locales, seguridad social y empresas públicas.

    Durante el gobierno de Rafael Correa, específicamente desde 2009, a través de regulaciones y cambios normativos, ya se exigió que una buena parte de las reservas de las instituciones financieras en el exterior regresen al país para que, con ese dinero, el BCE compre bonos del Estado para financiar el creciente gasto público.

    Tras la independencia

    Ese tipo de movidas provocaron un hueco patrimonial de más de $7.000 millones. “Las finanzas públicas tienen que transparentarse y debe darse confianza a los depositantes del BCE, que no debe ser prestamista de un gobierno con problemas de sostenibilidad fiscal, sino custodio y garante de la dolarización”, acotó Manuel González, economista y exmiembro del Consejo Asesor Presidencial.

    La independencia de esa entidad y su manejo técnico y no político están en la base de las reformas al Código Monetario y Financiero que, según Mauricio Pozo, ministro de Economía, se enviarán como un proyecto de ley urgente a la Asamblea, hasta finales de este mes. (JS)

     

    ¿Cuánto dinero tiene realmente el BCE?

    En el exterior se tienen $1.900 millones en inversiones y $500 millones en depósitos, es decir, $2.400 millones que no se acercan a las cifras dadas por Andrés Arauz, candidato a la presidencia. Hasta el 31 de diciembre de 2020, gracias a los desembolsos de organismo multilaterales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas totales del BCE llegaron a los $7.195,65 millones; pero casi $2.000 millones ya están comprometidos en las múltiples obligaciones normales de la caja fiscal y más de $4.600 resguardan depósitos, por lo que realmente estaría disponible para propuesta de expansión del gasto son $500 millones.

    Banco Nacional de Panamá no es igual el de Ecuador

    El candidato Arauz, al igual que economistas cercanos al correísmo, como Juan Pablo Jaramillo, aseguran que el Banco Central del Ecuador (BCE) puede entregar créditos tanto a personas como al gobierno. El argumento es que así actúa el Banco Nacional de Panamá, que también es una economía dolarizada.

    Ante esto, Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), explicó que el banco panameño no es un banco central, sino una institución financiera pública como la CFN. Además, incluso, en ese contexto, las leyes de ese país le impiden ser prestamista de última instancia de la banca privada y peor caja chica del gobierno de turno para financiar déficits.