Este 24 de agosto el Presidente de la República deberá emitir el veto a la Ley de Comunicación que impulsó el correísmo en la Asamblea.
El Ejecutivo insiste en un veto parcial que modificará 70% del texto enviado en base a la ley vigente, impuesta y utilizada por el régimen de Rafael Correa para perseguir a los periodistas y medios de comunicación incómodos.
Los periodistas -independientes y agremiados-, los medios de comunicación, asociaciones de radiodifusores y prensa, y organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, Diálogo Interamericano, entre otros, rechazamos la totalidad del texto que la Asamblea pretende imponer para redistribuir frecuencias que paguen favores y compren conciencias, para volver a imponer contenidos, sancionar y censurar a quienes difunden información incómoda al poder.
Entiéndase bien: el veto parcial representa la aceptación explícita de que la Ley vigente protege derechos y garantiza libertades, pero fue concebida y utilizada para quebrar medios, forzar a periodistas al silencio, al exilio y al desempleo, e imponer información oficialista en todos los medios que sobrevivimos al sistemático ataque financiero, legal y político que desató la ‘Supercom’, y pronto lo haría el Defensor del Pueblo.
No es que el Ejecutivo confíe en que logrará los votos necesarios para aprobar el veto que mitigue el daño que causará la Ley maquinada por la Conaie -que controla sus bases mediante radios comunitarias- y el correísmo -con un pie en el poder y otro en la cárcel-, sino que teme que el próximo año será peor.
El derecho a la Libertad de Expresión e Información es irrenunciable. Por tanto, rechazamos este nuevo intento de acallarnos y, hoy, aquel de contentarnos con un “peor es nada”.