Una oportuna ‘Ley de Quiebras’

Al igual que nuestro régimen laboral, el marco legal con el que tienen que lidiar las empresas ecuatorianas en dificultades también obedece a condiciones de un siglo atrás. El rigor draconiano con el que se castiga, en caso de quiebra, a las empresas parte de supuestos equivocados que, inconscientemente, siguen vigentes en nuestro medio. Se cree que aún vivimos en una economía de transición a la modernidad en la que hay una gran demanda insatisfecha y que, por lo tanto, basta capital para tener un negocio próspero. Se asume también que, ante un mercado en teoría tan estable y un poder tan afirmado del capital, las quiebras son por lo general producto de una gestión irresponsable; bajo esa lógica, está bien escarmentar a las empresas. Todo ello es falso.

La economía actual —con la dificultad de encontrar mercados que implica— tiene un índice de fracaso muchísimo más elevado. Incluso en economías con fácil acceso a capital, inmenso mercado y marco legal amigable, como Estados Unidos, solo la mitad de empresas sobreviven al cabo de cinco años; en sectores específicos, como las startups, la mortalidad es del 90% y entre ‘unicornios’ llega al 99,99%. La principal causa de quiebras no suele ser falta de mercado ni calidad del producto, sino problemas de liquidez y flujo de caja típicos de la economía contemporánea. Las principales economías del mundo, e incluso varias de la región —Brasil, Chile, Colombia, Perú— ya se han adaptado a esta realidad.

En Ecuador, en cambio, el régimen legal no solo obliga a empresas viables a morir, sino que ni siquiera permite que nazcan. Esta reforma sí que resulta económica y urgente.