Los niños constituyen materia prima de lujo para quienes lucran de la violencia. Son más manipulables y maleables que los adultos, más baratos de mantener y más fáciles de contentar. Son capaces de un grado de confianza, lealtad y devoción hacia los superiores inconcebible entre sus mayores. Además, están amparados por la ley y tienen muchos años por delante, llenos de vigor y juventud, al servicio del grupo. Por todo esto son cortejados por organizaciones criminales, y por lo mismo el Estado debería asumir la responsabilidad de protegerlos y rehabilitarlos con especial cuidado.
Los problemas del país pasan una elevada factura a la niñez. La pandemia, con el alejamiento y el deterioro de instituciones educativas, culturales y deportivas, significó una importante ruptura del proceso de socialización de muchos menores. La migración, la violencia criminal, el abuso de sustancias y la crisis económica conllevan la ruptura de muchas familias y dejan niños en absoluto abandono. En muchos casos, las organizaciones criminales llenan el espacio que la familia y el Estado debieron tener en la vida de esos niños, condenados a crecer en una atmósfera de violencia extrema y normalizada.
Mal haría este momento el Estado en ceder al populismo penal y convertir también a los niños en objeto de un sistema punitivo que, a todas luces, no funciona. En lugar de ello, y por un costo mucho menor, debe invertir en el adecuado cuidado de la salud mental de todos esos menores que están pagando, injustamente, las consecuencias de los errores de otros.