El abogado Fernando Santos Alvite es el nuevo ministro de Energía y Minas. Durante cinco décadas, ha sido una de las voces calificadas más presentes en el debate público sobre el tema. Su postura —como ministro en el gobierno del expresidente León Febres Cordero, como académico y como experto— ha sido siempre firme y coherente: escéptico ante la posibilidad de que el Estado gestione eficientemente la riqueza de nuestro subsuelo, crítico de la corrupción que ha alimentado el petrolero y comprometido propulsor de la inversión extranjera privada.
Como consultor, asesor, fuente o eterno candidato a ministro, siempre se ha mantenido cerca del mundo petrolero. En línea con su pensamiento, en las últimas semanas fue uno de los pocos expertos que hizo un insistente llamado a la cordura, al advertir sobre el absurdo y la anarquía que se derivarían del permitir que los protagonistas de los actos violentos de junio dicten el destino de la producción petrolera.
Santos Alvite enfrenta tiempos difíciles. El natural declive de la producción pública petrolera ecuatoriana implica elegir entre inversión pública, inversión privada o un consciente abandono del sector. El supuesto declive de los combustibles fósiles en el mundo y el inexorable boom minero —dos cuestiones en las que, en reiteradas ocasiones, Santos ha afirmado creer— obligan a tomar cuanto antes decisiones estratégicas a largo plazo. Recaerá sobre él la tarea de, si no limpiar, al menos transparentar, la escala de la podredumbre de lo que hizo el correísmo en petróleo y minas. Lo bueno del nuevo ministro es que su proceder en estos tres temas resulta sumamente predecible o, al menos, debería serlo.