La democracia ecuatoriana tiene mucho que celebrar tras el reciente dictamen de la Corte Constitucional sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Se trata de una inyección de sentido común e institucionalidad, que invita a la ciudadanía a confiar en que la racionalidad y la sensatez sí tienen espacio.
La Corte les recordó a los legisladores que los principios constitucionales fundamentales y compromisos internacionales hacen inviables sus propuestas. Quizás así, en futuras ocasiones, los asambleístas revisen bien los documentos fundacionales de nuestro sistema antes de elevar propuestas; de esa manera evitarán malgastar tiempo y recursos —tanto suyos como de la Corte Constitucional— en un momento en que el país necesita urgentes reformas legislativas y la CC tiene trabajo de sobra.
Las principales fuerzas políticas deben aceptar que no son jueces de la verdad y que los problemas no se resuelven creando más burocracia; menos aún cuando dichas propuestas vulneran el ordenamiento del Estado y no existen los recursos para implementarla.
Ecuador debe, paulatinamente, avanzar hacia un régimen de libertad de expresión prácticamente irrestricta, como el que reina en las más antiguas y bien sucedidas democracias del mundo. En ese sentido, dictámenes como este resultan esperanzadores; no obstante, para ello se requiere una clase política convencida de la conveniencia de dicho sistema. En medio de la crisis de institucionalidad y seguridad que vive el país, una prensa verdaderamente libre será más necesaria que nunca; es bueno que al menos se le dé garantías legales.