Aplicar el término ‘crimen de Estado’ a la ligera implica irrespetar la memoria de los ciudadanos y pueblos que, en otros tiempos o lugares, sufrieron o sufren el azote de políticas estatales generalizadas, violadoras de los derechos más fundamentales, organizadas y conducidas por las autoridades.
El afán de destruir el Estado desde sus cimientos y desmantelar sus instituciones fundamentales, para luego cooptarlo, le ha hecho mucho daño al Ecuador en las últimas décadas. Gran parte de esos esfuerzos se llevaron a cabo tras desprestigiar al Estado para forzar un sentido de urgencia y desesperación entre la ciudadanía; parte fundamental de esta estrategia fue el uso y abuso de la figura de los ‘crímenes de Estado’ y ‘violaciones de derechos humanos’. Las transformaciones institucionales abruptas, excesivas e ideologizadas derivadas de esos esfuerzos —además de lucrativas para quienes las dirigen—, debilitaron las mismas instituciones que supuestamente buscaban mejorar. La Policía no ha sido la excepción.
Que todo el peso de la ley caiga sobre el culpable y quienes funjieron de cómplices, accesorios y habilitadores de este asesinato y el intento por encubrirlo y mancillar la evidencia. El feminicidio de María Belén Bernal debe servir para depurar y perfeccionar a las instituciones, no para distanciar todavía más al pueblo ecuatoriano de su Estado ni abonar a su debilitamiento. La ciudadanía debe estar vigilante de que los nobles anhelos de justicia no terminen al servicio de intereses oscuros.