El pasado día lunes el Consejo de Administración Legislativa devolvió al ejecutivo la denominada Ley de “Defensa” de la Dolarización por considerarla inconstitucional. Una ley destinada a proteger la dolarización y a otorgar independencia al Banco Central del Ecuador (BCE) del gobierno de turno. Esta es la segunda vez que resulta devuelta esta controversial ley.
Resulta llamativo, a la par de sospechoso, la incansable insistencia por parte de este gobierno, y algunos medios de comunicación, por defender dicha ley; y es que, en palabras del Ministro de Economía, Mauricio Pozo, volverán a enviarla a la asamblea las veces que hagan falta. Pero, ¿no resulta incongruente que este gobierno lleno de corrupción, leyes antipopulares y mentiras quiera hacer algo correcto al final de su periodo? En todos los demás problemas del país el gobierno ha brillado por su ausencia. Bien podrían concentrar este ímpetu en vacunar a la población para reducir esta crisis sanitaria y económica.
En cuanto al contenido de la ley, todo parece indicar que es la última bala a un país moribundo. Es una versión casi idéntica a la Ley Trole 4 que fue derogada en el paro nacional de octubre de 2019. Se vanaglorian asegurando que es para defender la dolarización; sin embargo, teniendo en cuenta en lo que consiste mantener la dolarización (conservar dólares dentro del país), esta ley apunta descabelladamente a lo contrario al eliminar los artículos 15 y 142 del Código Monetario, que ofrecen mecanismos para evitar la salida excesiva de dólares. Nos venden el discurso de proclamar la independencia del BCE para evitar la injerencia del gobierno, pero en su ley el BCE pasaría al sector privado con su nuevo directorio y Junta de Regulación, siendo capaz de realizar su propia política monetaria. Cabe recordar que en 1998 sucedió un escenario similar al otorgarle autonomía (privatizar) el BCE. Lo sucedido posteriormente no hace falta mencionarlo.