Sin más argumento que el escándalo

La Fiscalía General del Estado se ha visto arrastrada a un torbellino político artificial, orquestado por funcionarios y activistas con agenda oculta. Mientras el país enfrenta una crisis de seguridad y busca esclarecer casos icónicos de corrupción —o quizás justo por ello—, se intenta desviar la atención de esta institución.

Es parte de un accionar desesperado. Las apelaciones y revisiones de procesos de exfuncionarios sentenciados —por asociación ilícita, cohecho, peculado o abuso sexual— no han prosperado. Con la destitución de los asambleístas y el llamado a elecciones, la presunta ofensiva legislativa contra las autoridades judiciales se vio truncada. Así, a los interesados no les queda más que perseguir golpes de efecto, como auscultar con herramientas contemporáneas la tesis de grado de la fiscal general, Diana Salazar, escrita hace 18 años y aceptada con alta calificación por una de las universidades más prestigiosas del país. Dicho trabajo constó con cercana supervisión de los docentes encargados, bajo las normas de entonces y se hizo cuando ella no ocupaba ninguna posición de poder. Resulta llamativo que para juzgar a una funcionaria con altísima exposición, una extensa carrera en la Justicia y numerosos casos de gran relevancia a su haber, sea necesario apelar a esas pequeñeces.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución crónicamente cuestionada y aborrecida, está dominado ahora por vocales politizados y ambiciosos. Pese a su bajísima votación, insisten en arrogarse protagonismo político y manipular percepciones. La ciudadanía no debe caer en el juego.