Esta semana, uno de los cargos de mayor importancia estratégica —el viceministerio de Hidrocarburos— le fue entregado a una recién graduada de apenas 24 años. Se esperaba que ante la crisis que vive el sector petrolero y la acuciante necesidad de ingresos de parte del Estado, ese puesto fuera ocupado por alguien con la experiencia y el conocimiento necesario para congregar a actores públicos y privados. No fue así. Es evidente que cada vez es más difícil encontrar personas valiosas, con la preparación y las intenciones adecuadas, que quieran jugar su futuro por el sector público. Al parecer, el reclutamiento se complica aún más, cuando el rol a desempeñar no incluye el ‘lleve’ al que muchos estaban acostumbrados.
Contradictoria situación, aquella en la el Gobierno se lamenta por la falta de postulantes en un país con rampante y creciente desempleo. No obstante, no es difícil entender por qué tantos ecuatorianos preparados le rehuyen al servicio público. Tras cada crisis o escándalo que sacude a un régimen, la Contraloría inicia una renovada ofensiva contra contratistas, instituciones y funcionarios —presentes y pasados, públicos o privados— relacionados con el sector bajo la lupa. Así, profesionales honestos terminan envueltos, por jugarretas políticas, en engorrosos procesos administrativos o judiciales, que tienen un elevado costo económico y emocional. Otros incluso corren la mala suerte de caer en las redes extorsivas de funcionarios inescrupulosos.
Pero no son apenas las instituciones de control. El Legislativo también abona al clima de ruindad y canibalismo, con la innecesaria sucesión de juicios políticos. En el Ecuador de hoy, ocupar un puesto de relevancia conlleva, casi con certeza absoluta y en el mejor de los casos, un juicio político y la posterior censura; en el peor, persecución y escarnio.
Los problemas que enfrenta hoy Ecuador van dejando de ser coyunturales y evidencian brechas estructurales difíciles de superar.