Como país, no podemos olvidar que tomará tiempo pagar la factura que dejó la pandemia de covid-19. Mucho se habla de los efectos económicos y de las consecuencias políticas, pero se pasa por alto el impacto, tan tremendo como silencioso, que la pandemia tuvo sobre la salud mental de la población.
Toda la incertidumbre, el aislamiento, el luto y el miedo que trajo consigo el virus dejó cicatrices que perduran; como sucede con tantas otras crisis, esto afecta desproporcionadamente a los más jóvenes y los indicadores de suicidio —178 menores el año pasado y 130 en lo que va del actual— así lo demuestran.
Diversos factores conspiran contra la salud mental de las nuevas generaciones. A todo el sufrimiento reciente, se le debe sumar la precarización y la falta de perspectivas laborales que enfrentan los jóvenes, la creciente presión académica y familiar derivada de la coyuntura, y el efecto exponencial que tienen en dicho sector fenómenos como la migración, las redes sociales y la desintegración familiar.
Ante esta circunstancia, el primer paso debe ser crear conciencia por medio del sistema educativo y de campañas de concientización que lleguen al corazón de las familias. El país necesita superar los tabúes sobre la salud mental y acabar con el mito de la invulnerabilidad de niños y jóvenes a estos problemas. Eso permitirá que profesores y maestros aprendan a detectar los síntomas a tiempo. El cuidado profesional de la salud mental debe incluirse en los seguros de salud y en los servicios del sistema público con el objetivo de masificar su acceso.
En este siglo, la ventaja competitiva se la llevarán las naciones cuyo pilar se construya sobre la educación y la salud; y esta última no funciona si no es holística y universal.