La sedición implica el uso de violencia contra la Nación o el Estado, consiste en poner en peligro instituciones de la República o la integridad del territorio nacional. Por consiguiente, una facción armada puede ejercer fuerza contra el Estado, como también sus «gobernantes» mandatarios, cuando ponen en peligro la integridad nacional, puesto que el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes.
Esa representación pierde legitimidad por corrupción, vínculos con delincuentes, relación con subversivos enemigos de la fuerza pública, aceptar financiamiento de narco-terroristas. En ese caso, la fuerza pública, precautelando los derechos de los ciudadanos y la seguridad de la Nación, debe retirar el apoyo a los mandatarios deslegitimados, hasta que los órganos de control e investigación: Asamblea, Contraloría, Fiscalía, ordenen procesos para eliminar la amenaza surgida, por incumplimiento del mandato.
En esa circuntancia, la sedición la cometen los mandatarios. Una de las razones por las que el general Rodríguez retiró el apoyo al gobierno de Velasco, fue el surgimiento de una célula guerrillera en el Toachi.
El argumento para que las FFAA le retiren el apoyo al gobierno de Mahahuad, fue el manejo de la economía nacional. Mientras que a Bucaram le retiraron el apoyo, aduciendo corrupción.
El régimen narco-comunista, durante la década infame, mantuvo relaciones con narco-dictaduras; sometió al Ecuador a ocupación extranjera, a través de agentes infiltrados en: educación, salud, seguridad; entregó territorio al enemigo narco-terrorista de las FARC; saboteó el sistema de radares, dificultando operaciones militares; su candidato presidencial actual, mantiene relaciones con subversivos, enemigos de la fuerza armada, todo lo cual lo transforma en un regímen sedicioso, carente de legitimidad, que de volver a asumir poder político, debe ser neutralizado por la fuerza pública, en cumplimiento de la Constitución y enjuiciados sus cabecillas. ¡Primero mi Patria!