El sistema electoral ecuatoriano no está diseñado para prevenir y castigar el financiamiento de candidatos con dinero sucio, sino para que el Estado pueda lavarse las manos ante aportes ‘dudosos’.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dice estar atado de manos, por vacíos legales y falta de recursos, al momento de fiscalizar campañas. La justicia ordinaria —eternamente inundada de trabajo, escasa de personal y enfrentando las usuales obstrucciones de un sistema garantista— no mueve un dedo. La ‘cabeza de turco’ que usa el Estado, para fingir que trabaja, es el control de la publicidad en un puñado de ‘medios tradicionales’ y su irrisoria asignación de fondos. Fuera de esto, se vive la ley de la selva.
Otros países no aplican límite de gasto ni financiamiento público, pero sí fiscalizan y exigen transparencia total sobre el origen de cada centavo utilizado en campaña. En contraste, en Ecuador se desafía a la aritmética y a la contabilidad en cada elección, y casos insignes quedan en nada. Aquel de las presuntas donaciones de las FARC al correísmo se obvió por un burdo tecnicismo, luego de que la justicia colombiana determinara que las pruebas no fueron obtenidas de forma válida, pese a que diversos peritajes internacionales concluyeron que el contenido de las computadoras de Raúl Reyes era genuino. Lo mismo sucedió con la nunca esclarecida injerencia chavista a inicios de siglo.
Si algo ha demostrado la historia de la República es que ningún favor electoral queda impago, pero la ciudadanía tiene derecho a saber a quién se deben los candidatos. La reforma del Código de la Democracia es impostergable.