La debacle esmeraldeña causa profunda impotencia. Ubicada a escasas horas de la Capital, la provincia se ha convertido en la segunda zona con más asesinatos del Ecuador, convulsionada por una permanente guerra de bandas locales y a merced de fuerzas extranjeras. Su economía languidece tras la pandemia y el declive del turismo que causa la violencia; la escasez es total: desde agua potable, hasta un sistema educativo con suspensiones permanentes. A ello se suma la inestabilidad política, con atentados contra candidatos y funcinonarios, la negligencia de una clase política sin visión clara para el futuro, y la ausencia de grandes proyectos que prometan transformar la zona.
Millonarios negocios ilegales supuran en la provincia, reduciendo aún más la posibilidad de generar industria y trabajo legal. La refinería nunca fue lo que se soñó y hoy incluso es fuente de contaminación con efectos tristemente sospechosos en sus trabajadores y vecinos.
Parecería que, tal como ha sucedido antes, el Estado ecuatoriano lleva a cabo una política de deliberado abandono y debilitamiento de Esmeraldas a pretexto de salvaguardar los intereses de otras regiones, ceder recursos a pequeños grupos y construir un ‘colchón’ con respecto a la violenta anarquía del Pacífico sur colombiano.
El de Esmeraldas no es un problema que se soluciona con el envío de agentes del orden. Esmeraldas necesita toda la fuerza del Estado: reforzar su frontera, servicios básicos, infraestructura, educación y un especial esfuerzo de la Justicia. Es una provincia tan colosalmente rica que, si se la abandona, sus recursos gestarán amenazas terribles para el país entero.