El Metro de Quito ha tenido que lidiar con sucesivos imprevistos, pero la ciudadanía tiene derecho a saber, de forma clara y sin ambages, quiénes en su momento tomaron las decisiones que han convertido a la obra en semejante nudo gordiano y cuál fue el raciocinio detrás. Solo así se podrá determinar si se trata de deshonestidad, incompetencia, injerencia opaca o, incluso, desafortunada fuerza mayor.
La obra del Metro de Quito debía ser una bandera de orgullo para el país; las dificultades técnicas se sortearon y analizaron durante años, pero la ciudad sigue a la cola de convertirse en la novena capital de América Latina en tener un sistema ‘subterráneo’.
¿Cómo fue posible arrancar un proyecto tan costoso, con serias implicaciones financieras para el Estado y la ciudad, sin que se definieran las cuestiones básicas que hoy impiden su funcionamiento? Es necesario entender si los cálculos, estimaciones y previsiones que se hicieron al plantear este modelo —que significarán un costo real al Estado a cambio de un supuesto beneficio en productividad y calidad de vida— fueron acertados y si han probado corresponder a la realidad ecuatoriana. Resulta inaudito que sucesivas autoridades -electas y designadas- no han tenido prisa alguna en poner en funcionamiento el Metro o por qué, quizá, han preferido no hacerlo.
El Metro de Quito es una obra curiosa; está terminada pero no entra en funcionamiento. Se la vende como una obra impoluta, aunque fue construida por una empresa plagada de escándalos. Hoy, los responsables dicen que está llena de impedimentos, pero aunque cobran para hacerlo, evitan señalar cuáles son y cómo solucionarlos.