Si hay algo que debe preocupar a los ecuatorianos es qué pasará a partir del 9 de abril de 2025, cuando la fiscal general Diana Salazar termine su periodo.
Ella, a 18 semanas del término, podía pedir licencia, como cualquier trabajadora, para dedicarse a su familia por su embarazo. Sin embargo, todavía se la ve en las audiencias penales, liderando el trabajo de la Fiscalía General del Estado para conseguir sentencias en firme en contra de delincuentes insospechados.
Tienen esa categoría porque, como en los casos Sobornos, Metástasis, Plaga, Purga, Pantalla, están involucradas autoridades que debían liderar las funciones del Estado con ética y sentido de Nación.
Ellos van desde el expresidente Rafael Correa; el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán; exasambleístas como Pablo Muentes y Ronny Aleaga; ministros, jueces, fiscales, policías, militares.
El trabajo de la Fiscal General debe ser protegido hasta el final. En ese sentido, a pocas semanas del fin del periodo de Salazar, el Consejo de Participación Ciudadana no puede seguir dilatando el proceso de selección. La demora genera sospechas, pues hay fuerzas políticas y criminales que se deleitarían en, nuevamente, controlar este importante cargo. La politización del proceso y la intervención directa de grupos políticos que se han visto afectados por el trabajo de la Fiscal, cuyos líderes o miembros están en la cárcel o prófugos protagonizan la pugna.
Es mejor para el país que la Fiscal General siga en el cargo hasta que el Cpccs brinde total seguridad a la ciudadanía de que el concurso es transparente y está alejado de intereses políticos y criminales.