El promocionado Encuentro Nacional por la Seguridad —en el que se dieron cita el presidente Guillermo Lasso y su equipo con los alcaldes, prefectos y gobernadores del país— arrojó lecciones sobre qué se debe hacer y qué no para articular un esfuerzo coordinado contra el crimen.
El gran logro del encuentro fue disipar, de una vez por todas, las dudas y divergencias que existían con respecto a las competencias y deberes de los gobiernos locales. Queda claro que la seguridad es, fundamentalmente, una tarea del obierno central, pero que los gobiernos locales tienen la obligación de, por medio de su Consejo de Seguridad Ciudadana, cooperar activamente.
Sin embargo, tanto el Ejecutivo como las autoridades locales se quedaron cortos al momento de plantear medidas concretas y definir plazos. Sin objetivos medibles y constatables, resulta imposible evaluar las políticas que se vayan a adoptar, cualesquiera que sean, y se corre el riesgo de que todo termine en disursos.
Era también una oportunidad transmitir confianza y apoyo a las autoridades de zonas más remotas, con menor presupuesto, que en la actualidad viven con justificado temor. En lugar de ello, se permitió que funcionarios con ambiciones electorales a largo plazo manipularan la reunión para sus objetivos políticos, con golpes de efecto e introduciendo temas como el de las asignaciones presupuestarias pendientes. Lo más importante, no obstante, era enviar un mensaje claro y contundente al crimen organizado, dejar claro que el país está unido y resuelto ante esta amenaza. Por esta vez, la tarea quedó pendiente.