Mientras la clase política está sumergida en exquisiteces —como deliberar sobre las competencias constitucionales del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación, o especular sobre la posibilidad de que una fuerza política emplee acciones de protección a favor de un sentenciado— tres de cada diez niños viven con desnutrición crónica. Al mismo tiempo que los ediles capitalinos debaten sobre el modelo de operación del metro, la cuarta parte de los niños de la ciudad tienen que sacrificar al menos una comida al día para que otro familiar coma y uno de cada cinco no estudia porque tiene que trabajar para mantener a su familia.
Los activistas esbozan consultas populares para preservar la biodiversidad y los políticos del movimiento indígena articulan la Ley de Comunas; en tanto, ocho de cada diez niños indígenas ni siquiera tienen acceso a agua potable y alcantarillado. Mientras la alta burocracia habla de ‘inteligencia artificial’, ‘virtualidad’ o ‘automatización’, cientos de escuelas, ya dañadas por el invierno se aprestan a sufrir el embate de El Niño y los estudiantes de la Universidad Central no piden más que transporte regular y policías para detener los robos y secuestros exprés en los alrededores.
Resulta difícil de entender por qué las autoridades disfrutan tanto de entregarse a problemáticas del siglo veintiuno cuando el país tiene todavía pendientes tantos problemas más propios del siglo diecinueve —falta de servicios básicos, ausencia de infraestructura mínima, calorías insuficientes, pacificación fundamental pendiente, imperio de la ley sin consolidarse, salud e higiene de base—.