El país se encuentra en vilo, a la espera del dictamen de la jueza Teresa Nuques, de la Corte Constitucional. Por un cuatrienio, esta institución ha gozado de especial prestigio y respeto dentro de la siempre convulsionada escena política ecuatoriana. Incluso cuando tuvo que abordar temas sensibles para la opinión pública — como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto por violación— o cuando sus dictámenes fueron en contra de los intereses de grandes sectores políticos — el aumento salarial para los profesores o la destitución de los vocales del Consejo de Participación Social— existió un consenso con respecto a la pulcritud de sus fallos y la necesidad de acatarlos. Eso está en riesgo de cambiar.
Ahora, la Corte Constitucional, con su estricto sentido de la legalidad, está en curso de colisión con un bloque político de oposición que percibe la política como una guerra sin cuartel. Está en juego el gran objetivo de aquellos para los que la única lógica que importa no es la jurídica, sino la de la conquista del poder. A las abundantes presiones mediáticas y a los permanentes muñequeos tras bastidores, se le suman ahora las amenazas de manifestaciones para ejercer presión y descalificaciones ‘a priori’ que persiguen, desde ya, restarle validez a lo que sea que decida la jueza.
Es necesario, cuanto antes, superar ese falso y dañino sentido de urgencia que algunos sectores políticos intentan imponer. Hay otros escenarios donde la pugna política podrá continuarse y resolverse, y más herramientas. No es ‘ahora o nunca’. Esta coyuntura no justifica sabotear la institucionalidad de la Corte Constitucional y la confianza de la ciudadanía en ella.