El problema no es lo político. El problema es de corrupción electoral. Ese tipo de problema no se resuelve en democracia, porque estamos bajo un régimen narco-comunista, impuesto mediante Constituyente desde el 2008.
Al narco-comunismo no se lo elimina con «elecciones», máxime cuando el sistema electoral esta diseñado para alterar la votación, a favor de la tendencia narco-comunista; ni con candidatos pusilánimes, acomodaticios, que no están a la altura del momento histórico; tampoco se lo elimina con manifestaciones populares. Si esos fuesen los mecanismos idóneos, hace tiempo, habría democracia en Venezuela, donde la oposición ganó una elección con Guaidó, y se han dado multitudinarias manifestaciones que han resultado inanes; porque la fuerza pública venezolana está subordinada al narco-comunismo internacional, moralmente corrompida, cómoda, tan adoctrinada que los volvieron estómagos agradecidos.
Al narco-comunismo se lo erradica con fuerza armada regular, o irregular. Si no se comprende de esta manera el problema por el que atraviesa Ecuador, jamás tendremos una efectiva, eficiente y adecuada respuesta, por parte de los enemigos naturales del narco-comunismo, que es la fuerza pública.
La reacción patriótica de la fuerza pública no es delito, es el cumplimiento de su misión. Las FFAA no cometen ningún delito, cuando anteponen el interés general de la Nación ecuatoriana por sobre intereses particulares, basados en normas constitucionales que rigen el sistema narco-comunista vigente. Además, son los depositarios de las armas y el honor de la República, obligados por norma constitucional a proteger los derechos de sus ciudadanos. Los oficiales superiores de la República, deben exigir que la fuerza pública actúe, en bien general del país, frente a un enemigo interno que destruyó la institucionalidad democrática, durante la década de mayor infamia en nuestra historia nacional.