La minería ilegal está ingresando a una etapa de sobre-diagnóstico. Así como sucede con otros problemas nacionales, se han hecho numerosos informes sobre sus causas, protagonistas, incentivos, zonas de influencia y brutal daño ambiental. A la vez, empiezan a circular ideas para contenerla aunque se evidencia la falta de voluntad política, social y judicial para revertir este absurdo asalto a la naturaleza y a los recursos nacionales.
La Policía y las FF.AA., tal como lo reveló LA HORA, han determinado que la banda narcoterrorista los Lobos ha crecido sin límite y la minería ilegal es una de sus mayores fuentes de financiamiento.
De hecho, toda la actividad de minería ilegal de Imbabura, dicen los uniformados, está dominada por los miembros de este grupo, que hoy es el brazo armado y criminal en Ecuador del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Los Lobos no solo extraen material aurífero del que obtienen oro, sino que extorsionan a quienes participan de la minería artesanal, informal e ilegal pero aún no han tenido contacto con los narcoterroristas.
A pesar de que los informes señalan sectores de influencia, la ubicación de las viviendas de los delincuentes y la cantidad de material que obtienen, el Estado evita estimar el rédito económico de este negocio que, varios expertos aseguran, es hoy más grande que el narcotráfico en Ecuador.
La justificación para tomar la decisión política de detener la minería ilegal está documentada y las fuerzas del orden deben tener el apoyo suficiente para intervenir. Zona por zona, el Estado debe recuperar el control sobre el territorio, con base y jurisdicción militar, de ser necesario. El negocio es tan grande y alimenta a tantas bocas, que detenerlo generará amplia resistencia, pero quienes están llamados a proteger los recursos nacionales, tienen ya suficiente documentación para identificar sus intereses.